OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Anteproyecto Ley transparencia y Buen Gobierno tras haber sido sometido a un amplio proceso de análisis y revisión que ha culminado con el dictamen favorable emitido por el Consejo Consultivo el pasado 7 de julio.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha indicado que con la aprobación se cumple con "uno de los principales compromisos para la regeneración democrática".
En rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Martínez ha explicado que comparecerá a petición propia en la comisión Parlamentaria de Presidencia para dar cuenta del contenido de esta ley en su tramitación parlamentaria. Está previsto que en cuanto se inicie el próximo periodo de sesiones, en septiembre, la normativa inicie su tramitación parlamentaria.
El portavoz del Ejecutivo ha indicado que el anteproyecto de Ley ha superado un "riguroso procedimiento administrativo y técnico en el que han participado más de 80 actores entre colectivos y asociaciones, organizaciones expertas en transparencia y las comisiones de la Administración autonómica".
Guillermo Martínez ha dado cuenta de algunos de los aspectos que recoge esta normativa "que supera el marco legal de ámbito nacional y será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico". Así, también estarán sometidas a la misma las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público o las entidades locales, entre otras.
ENDURECE LA LEGISLACIÓN ESTATAL
Además sus directrices también se aplicarán a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico, a las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores y las fundaciones que dependan de ellos, así como a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.
"Precisamente es en este apartado donde la nueva ley endurece la legislación básica, ya que incluye diez bloques temáticos que deben someterse a información pública frente a los tres de la norma estatal", ha manifestado Martínez
El consejero ha indicado que la ley incluye un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia y prevé la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como de un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.
El régimen sancionador estipula, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años.
La Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las diligencias informativas que se deriven de las denuncias ciudadanas recibidas a través del nuevo canal ético, que tendrá formato electrónico y al que se accederá a través del Portal de Transparencia.
Esta medida permitirá a cualquier persona, garantizando su confidencialidad, comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.
Sobre este último aspecto, Martínez ha indicado que se tratará de un canal que garantiza la confidencialidad pero no será anónimo, aunque ha añadido que en el trámite pàrlamentario podrían darse modificaciones si hay mayoría para ello.
