OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado a favor de que los investigadores pre- y postdoctorales de la Universidad de Oviedo sean considerados empleados públicos a efectos de su revisión salarial anual, con efectos desde 2018, estimando así la demanda de CCOO.
Con esta sentencia verán incrementados sus salarios conforme con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2018 a 2022, sus prórrogas y normas complementarias; es decir un 1,5% desde enero de 2018, un 0,25% desde julio de 2018, un 2,25% desde enero de 2019, un 0,25% desde julio de 2019 y el porcentaje aplicado al personal laboral de la Universidad de Oviedo en los años 2020, 2021 y 2022, si bien limitando los efectos para el personal que presta sus servicios mediante contratos predoctorales hasta el 16 de marzo de 2019, condenando a la Universidad de Oviedo a estar y pasar por esta declaración y al abono de las cantidades.
El inicio de este conflicto parte de la inaplicación en 2018 a estos trabajadores del II Acuerdo de Gobierno y sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 22 de marzo de 2018. Con este Acuerdo se aprobaba un incremento retributivo para los empleados públicos para los años 2018 a 2020, que no fue aplicado a los investigadores, aunque sí al resto del personal de la Universidad de Oviedo.
Por ello, el 1 de octubre de 2018 la sección Sindical de CCOO de la Universidad de Oviedo inició una reclamación para que se hiciese efectivo también al personal investigador, en las mismas condiciones que al resto. Agotada la vía negociadora sin éxito, desde CCOO se presentó conflicto colectivo ante el TSJA, para reivindicarlo por la vía judicial.
Este proceso fue recurrido por cuestiones de forma por la Universidad, ante el TSJA primero, y ante el Tribunal Supremo después, con lo que se alargó su resolución en el tiempo hasta hoy. Tanto el TSJA como el Tribunal Supremo fallaron a favor de CCOO en las cuestiones de forma alegadas por la Universidad y, reanudada la demanda por este sindicato en la cuestión de fondo, el pasado 15 de febrero de 2022 el TSJA falló también a favor, reconociendo el derecho de los investigadores a estas subidas salariales.
Finaliza este proceso reivindicativo con esta sentencia que afecta al personal investigador que haya tenido un contrato predoctoral, entre el 1 de enero de 2018 y el 16 de marzo de 2019, y a todo aquel investigador postdoctoral con contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación por la Universidad de Oviedo en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
En el caso del personal investigador predoctoral en formación, a partir de la fecha indicada (16 de marzo de 2019) su situación salarial ya se encuentra regularizada por lo que no afectaría esta sentencia: la entrada en vigor del Estatuto de Personal Investigador Predoctoral en formación (EPIPF) y la sentencia de 2 de febrero de 2021 ganada también por CCOO (conflicto colectivo no 7/2020 en el que se reclamaba la aplicación del EPIPF), han servido para que su salario ya se actualice de acuerdo con los incrementos retributivos de aplicación al resto de empleados públicos, al servir de referencia a su salario precisamente el de un concreto grupo de empleado público de la Administración General del Estado.
Sin embargo, según CCOO, este no era el caso de los investigadores postdoctorales, "que fueron injustamente excluidos del EPIPF en su día, por lo que esta sentencia tiene aún mayor repercusión en el caso de estos investigadores postdoctorales, afectando desde 2018 hasta 2020, ambos inclusive".
CCOO y Universidad han iniciado ya las negociaciones para establecer el modo de ejecución de la sentencia, una vez el Servicio de Personal recopile los datos necesarios para ello. CCOO considera esta sentencia un importante paso adelante en el reconocimiento de los derechos laborales de los investigadores, al reconocer de modo implícito su labor como trabajadores y empleados públicos.
"No se puede seguir considerando la investigación como una labor vocacional altruista o de 'becarios': Investigar también es trabajar. No se puede hablar de apoyo a la investigación si no se dignifica la labor investigadora y se tiene en cuenta necesariamente el reconocimiento de los derechos laborales del personal que se dedica a este trabajo", concluye el sindicato.
