IU-Verdes presenta un recurso contra el acuerdo del Consejo de Gobierno para el palacio de El Vasco

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU-Verdes de Oviedo ha anunciado la presentación de un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 22 de junio por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la empresa Jovellanos XXI para el arrendamiento de parte de los inmuebles situados en la parcela de El Vasco (Oviedo), con destino al proyecto del Palacio de Justicia de Oviedo. IU considera este acuerdo "contrario a derecho y lesivo para los intereses generales sobre la base de los anteriores hechos y fundamentos de derecho".

En un comunicado, la coalición recordó que tanto los Consejeros que representan a IU-BA-Verdes en el Consejo de Gobierno, Noemí Martín y Aurelio Martín, como el portavoz del grupo parlamentario y coordinador de IU, Jesús Iglesias, ya habían manifestado su oposición.

Para Alejandro Suárez, coordinador de IU de Oviedo "el precio y la adjudicación de este contrato surgen de oscuras y secretas negociaciones bilaterales". Suárez añadió que "el origen de este contrato obedece al interés de arreglar la situación de una empresa privada a la que le han fallado negocios emprendidos voluntariamente y con ánimo de lucro". IU--BA sostiene que "el acuerdo con la empresa no aguanta un soplido y acarreará una sanción europea importante a España, que acabará repercutiendo en Asturias".

IU sostiene en el recurso que el "arrendamiento" adjudicado directamente "no es un verdadero contrato de arrendamiento, pues ni siquiera existe una edificación cierta". "En este momento los inmuebles arrendados no existen, no están edificados aún; no se fija la renta inicial del contrato, se habla de que la renta se pagará por meses pero se aplaza la fijación de la cuantía de la misma", alegó la coalición.

El acuerdo, según IU, "no se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos".

Igualmente, la coalición considera que el acuerdo "no persigue la eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".

También recuerda que la ley obliga en este caso a hacer por separado el arrendamiento y el contrato de obras. Finalmente, IU sostiene que el acuerdo "se lleva a cabo de forma discrecional, sin proyecto, a un precio arbitrario, y sin la preceptiva publicidad y concurrencia en el ámbito europeo".