OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este viernes una proposición de ley que suspende las liquidaciones de las deudas reclamadas para los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). La norma ha sido aprobada gracias a los 25 votos de PP, Podemos e IU, en medio de unos aplausos del colectivo de afectados, que han asistido como invitados.
Sin embargo, no ha habido consenso en la votación. El partido que gobierna en Asturias, el PSOE, ha votada en contra, al igual que Foro y Ciudadanos. En total, la iniciativa cosechó 20 sufragios en contra.
El artículo 1 de la ley aprobada establece que la Administración supenderá todas las liquidaciones de las deudas que son reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los servicios del ERA hasta que se lleve a cabo una auditoría que verifique que el cálculo de la misma se adecúa al principio de aplicación del régimen más beneficioso para el usuario, así como la revisión de oficio de todos los expedientes.
La norma llega desde la polémica creada en Asturias desde hace meses cuando unos 3.000 afectados en Asturias mostraron su protesta ante las reclamaciones que se les hacía desde la Administración regional y de las que, aseguraban, nadie les había avisado.
El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, ha criticado a los grupos que han sacado adelante la norma, argumentando que se trata de una ley de cumplimiento imposible, tal y como ha señalado un informe del Consejo Consultivo. "Esta ley no soluciona el problema", ha advertido. De hecho, ha acusado a los grupos que defendieron la iniciativa, sobre todo al PP, de utilizar el debate para "llenar la boca de basura".
El diputado del PP, Matías Rodríguez, ha sido muy duro con los socialistas y ha acusado al Gobierno regional de recurrir a las personas mayores y a sus familias para pagar el "despilfarro socialista". También ha criticado al presidente del Gobierno regional, Javier Fernández, por no haberse pronunciado acerca de esta problemática en todo este tiempo.
Desde Podemos, Rosa Espiño, ha defendido la ley y ha criticado a los socialistas por no haber incluido enmiendas si de verdad consideraba que la norma era mejorable. "Cuando Podemos propone soluciones, ustedes proponen problemas", le ha dicho a las filas del PSOE. Ha lamentado que los familiares hayan tenido que soportar que incluso les hayan llamado "jetas", cuando son víctimas de una injusticia.
Marta Pulgar, de IU, ha justificado su voto a favor ante el problema generado, aunque ha reconocido que la norma aprobada puede que no soluciones todos los problemas y que no sea viable. Esta afirmación provocó una reacción airada desde el PSOE. "Qué nervioso está el gobierno", reaccionó Pulgar, cuyo grupo suscribió el pacto de investidura que hizo presidente a Javier Fernández.
Tanto desde Foro como desde Ciudadanos, por su parte, señalaron que no tenía sentido aprobar una ley que no se podía aplicar. Diana Sánchez (Ciudadanos) dijo que la norma aprobada no solucionaba el problema. "Somos el primer parlamento que va a aprobar una ley que no se puede aplicar", apostilló Pedro Leal (Foro).
