GIJÓN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Asimismo, los recursos de casación que está presentando el Ayuntamiento contra la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (PGOU) dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) provocó que la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, insinuara que las contrataciones por parte del Equipo de Gobierno del letrado que representa a la Corporación podrían estar haciéndose "en fraude de Ley".
Pardo criticó que no se eligiera en Pleno la designación de abogado y apuntó que un sólo abogado, Luciano Parejo, estaba llevando 20 recursos y añadió que la contratación se hizo directamente, sin convocatoria, por lo que en este caso se entiende que debe ser un contrato menor. En este caso, hizo una estimación de que a 18.000 euros, el montante total de esos 20 recursos sería de 360.000 euros.
Ante estas declaraciones, el edil de Hacienda, Pedro Sanjurjo, indicó que se seguirá con el mismo procedimiento que hasta ahora. Asimismo, la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, señaló que lo que se debate en Pleno es el presentar el recurso de casación y no la designación de abogado.
No obstante, aclaró que el primer recurso lo llevó Parejo, pero el resto lo hicieron los letrados consistoriales y también otro abogado, que representó al Ayuntamiento en uno de los casos. Tras el debate, la presentación del recurso se aprobó en contra del voto del PP.
Por otro lado, se aprobó inicialmente por unanimidad la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica. En este punto, el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, señaló que ésta facilitará el uso de la firma electrónica y regula el registro electrónico, entre otras. Asimismo, destacó que estará abierto 24 horas los 365 días del año y apuntó que también se regula por la Ordenanza el archivo de expedientes electrónicos.
Además, resaltó que la de Gijón es de las primeras que se hace y dijo confiar en que en enero esté plenamente en vigor. De hecho, apuntó que el 28 por ciento de expedientes municipales se hace ya por Internet.
Por parte del PP, el concejal Pablo González alabó las bonanzas de la Ley pero alertó que su partido hubiera querido dar más garantías a los ciudadanos. En este sentido, apuntó que el PP quiere que esta Ley se marque en cuanto a criteros de "eficacia, eficiencia y economía" y se tenga en cuenta los colectivos a los que se dirigen.
Sobre este tema, apostó por asegurarse del conocimiento expreso del ciudadano en los usos electrónicos para evitar que el Ayuntamiento vulnere sus derechos ciudadanos, ya que si se comunican por medios electrónicos y los ciudadanos no están acostumbrados a las TIC, podría darse por notificado algo que no lo está.
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