Una pareja que trabajaba en una sociedad prestamista se enfrenta a diez años de prisión

OVIEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita una condena de diez años de prisión y el pago de una multa de 24.000 euros para una pareja (cinco años y el pago de 12.000 euros para cada uno) acusada de un delito de estafa. La vista oral está señalada los próximos días 15, 16 y 17 de febrero de 2012 en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.

Los acusados son J.C.A.E., apoderado de la empresa Gestión Hipotecaria y de Intermediación Financiera S. L. en el momento de los hechos, y M.P.G.F., administradora de la misma.

Según informa Fiscalía, en el mes de diciembre de 2008, un hombre, Á.Á.P., contacto con el acusado y le explicó que tenía problemas económicos por dos créditos personales, que ascendían a 10.000 euros, y una hipoteca de 25.000 euros. Así, el acusado ofreció a Á.Á.P. concertar un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre la vivienda familiar, ubicada en Gijón.

Á.Á.P. acudió el 16 de diciembre de 2008 junto con su mujer a una notaría de Gijón, donde se encontraron con los acusados, que acudieron uno en condición de apoderado de la sociedad prestamista y otra como administradora.

Antes de llegar el notario, el acusado J.C.A.E. entregó a Á.Á.P. un total de 2.000 euros en metálico. A continuación, y ya en presencia del notario, cerraron el contrato de préstamo con garantía hipotecaria por 70.000 euros, sin que sin embargo esta cantidad fuera entregada a los prestatarios, pese a que según se mencionaba en el contrato ésta debía ser satisfecha en dicho acto, al contado y en presencia notarial.

Al día siguiente, el 17 de diciembre de 2008, el acusado J.C.A. E. entregó en efectivo a Á, Á. P. las cantidades de 6.244,63 euros y 3.882,71 euros, con el objetivo de que cancelara dos préstamos que tenía con las entidades Santander Consumer y Celeris Servicios Financieros S. A. En los tres meses siguientes le entregó 1.000 euros mensuales en efectivo para hacer frente a los pagos de la hipoteca sobre su vivienda. En total, A.Á.P. recibió 15.127,34 euros.

El 17 de marzo de 2009, una vez vencido el plazo de tres meses del préstamo hipotecario con Gestión Hipotecaria y de Intermediación Financiera S. L., el acusado J.C.A.E. se puso en contacto con Á.Á.P. y, tras varias gestiones, este último y su esposa firmaron el 29 de abril de ese mismo año, entre otros documentos, un reconocimiento de deuda solicitando un aplazamiento, por un mes, de la cantidad que se les reclamaba, que ascendía a 72.154,48 euros.

En el mes de julio de 2009, Á.Á.P. recibió una notificación del Juzgado de Primera Instancia número seis de Gijón, en concreto una demanda de ejecución hipotecaria. En ese momento, el acusado J.C.A.E. le propuso que pusiera el piso a nombre y le pagara un alquiler mensual, a lo que el hombre se negó.

El 28 de octubre de 2009, Á.Á.P. fue a la notaría y le contó al notario lo que había ocurrido. Éste se puso en contacto con el acusado J.C.A.E., el cual le manifestó que estaba dispuesto a aplazar el pago otros dos meses y a condonar los intereses de demora, reduciendo la deuda a 70.000 euros mediante la firma de un nuevo documento en el que los prestatarios reconocían expresamente haber recibido el 16 de diciembre de 2008 un total de 70.000 euros en metálico en concepto de préstamo. En el momento en el que la Fiscalía elaboró su escrito de calificación provisional, no constaba si el inmueble fue ejecutado o enajenado a tercero.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1 y 6 del Código Penal. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita la restauración del orden jurídico mediante la declaración de nulidad de le escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 16 de diciembre de 2008, siempre que no perjudique a terceros adquirientes, y subsidiariamente, que los acusados indemnicen a Á.Á.P. y a su esposa I.G.C. con la cantidad de 54.872,66 euros en concepto de cantidad no entregada, más los intereses legales y de demora que correspondan, con la responsabilidad civil subsidiaria de Gestión Hipotecaria y de Intermediación Financiera S. L.