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OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los diputados del PP en la Junta General Luis Venta y José Agustín Cuervas-Mons han calculado este martes la existencia de unos 107 contratos de alta dirección en el Principado, con un coste de unos seis millones de euros.
"La situación de Asturias no está para mantener ese nivel de gasto", ha dicho en rueda de prensa Luis Venta, quien señala que, además de los 33 contratos de alta dirección reconocidos por el Ejecutivo autonómico en la información remitida a su Grupo Parlamentario, faltan, al menos, "otros 74" repartidos entre varias consejerías como Economía y Empleo o Sanidad, y organismos públicos dependientes.
En sede parlamentaria, Cuervas-Mons ha calificado además de insuficiente el número de 11 contratos de alta dirección con cláusulas de blindaje detallados por el Gobierno asturiano, ya que desde el PP sostienen que existen muchos más y, por tanto, esa cifra se queda "corta".
Asimismo, ha remarcado que de esos 11 contratos han sido modificados tres en septiembre y uno en noviembre del año pasado, incumpliendo los dos meses de margen que marcaba la ley estatal de 2012.
De este modo, los 'populares' exigen "transparencia" al Gobierno del socialista Javier Fernández para dejar de "ocultar el tinglado de personal con sueldos millonarios" que dicen, en algunos casos llevan vinculados a la administración autonómica desde los años 90, lo que consideran "un claro fraude de ley".
Los diputados del PP han incidido en que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que reguló la racionalización de las condiciones en los contratos mercantiles y de alta dirección en el sector público y han lamentado "la falta de transparencia" y el "incumplimiento de plazos" del Principado para adaptarse a la norma estatal.
Igualmente, han advertido de que los "defectos" sobre esta modalidad de contratos apuntados en un informe de la Sindicatura de Cuentas referido al ejercicio 2006 "siguen vigentes".
Con todo, desde el PP reprochan "la confusión y el oscurantismo que se traslada desde el Gobierno socialista" al remitir información sobre contratos de alta dirección pero "no sobre todos los existentes". Por ello, exigen "con urgencia" más transparencia y regulación autonómica.
