OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha presentado hoy al Consejo Asesor de Bienestar Social las propuestas para mejorar las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que supondrán la culminación del plan de choque iniciado en 2019.
Según ha informado el Gobierno asturiano, con estas medidas, alineadas con el plan estatal en la materia, el Principado pretende adaptar los servicios a las nuevas realidades y a las demandas tanto de los profesionales como de la sociedad.
En cuanto a las medidas referentes al Servicio público de Ayuda a Domicilio (SAD) e amplía el número de horas que podrán recibir las personas en situación de dependencia; se adapta la prestación del servicio al nuevo modelo de atención centrado en la persona, promoviendo una menor rotación de los profesionales y un mejor seguimiento, a través del nuevo Programa de Atención Domiciliaria Personalizado (PAD); se dignifica el propio servicio y el de los profesionales que lo prestan y se promueve la eliminación de cargas burocráticas.
Otra de las mejoras anunciadas en el ámbito de la atención domiciliaria es la extensión de la gratuidad del servicio de teleasistencia a personas dependientes que cuenten con una capacidad económica inferior a cuatro veces el IPREM mensual (2.400 euros). Esto beneficiaría a unas mil personas que en la actualidad pagan por este servicio.
Finalmente, se amplían los supuestos en los que las personas pueden ser atendidas en sus domicilios a través de la figura del cuidador no profesional.
Estos podrán ser empleados del hogar si existe un contrato a tal efecto y un compromiso de formación para obtener la cualificación que les habilite para trabajar en el sector de los cuidados. De esta forma, se permite también que personas que viven solas y no cuentan con apoyos familiares puedan acceder a las prestaciones del SAAD, y favorecer así la lucha contra la soledad no deseada.
Por otra parte, y en relación con los nuevos precios públicos del servicio de atención residencial a mayores, se ha aclarado que las personas dependientes seguirán participando en su coste en función de su capacidad económica, hasta el límite del 90% del precio público. El sistema garantiza que nadie quede sin cobertura por falta de ingresos.
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