OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, rechaza la propuesta de Vox mostrada a través de una Proposición de Ley que pide derogar la Ley de Memoria Democrática. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su última reunión un acuerdo en el que manifiesta su criterio desfavorable a la toma en consideración de dicha Proposición.
Según ha podido saber Europa Press, en el informe técnico en el que se basa el acuerdo del Consejo, se recogen numerosas motivaciones para adoptar la decisión de rechazar la toma en consideración de la proposición de Vox.
A juicio del Gobierno y tal y como expresa en el acuerdo adoptado, estas leyes no reabren heridas, como indica el escrito de proposición de Ley presentada por la formación de la derecha, sino que son normas que nacen con vocación de terminar con las demandas de las víctimas del franquismo y de servir de base para la elaboración de políticas públicas dirigidas a recuperar y dignificar la memoria y los valores de quienes fueron masacrados por su defensa de la democracia.
para el Ejecutivo asturiano, más allá de la mera opinión la proposición de Ley no contiene ninguna argumentación jurídica que determine la necesidad de modificación de ningún apartado de su articulado.
Así por ejemplo se rechaza en el informe aprobado por el Consejo de Gobierno que, tal y como recoge la Proposición de Vox, el texto de la ley sea contrario a la Ley de Amnistía del año 1977, ya que destaca el informe del Ejecutivo que en ningún momento se cuestiona el espíritu de perdón de que se habla en el texto que acompaña la proposición. Es más, consideran que el mismo se mantiene intacto ya que no establece que se persiga a los autores ni su memoria, ni que se proceda a persecución alguna contra las personas responsables de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Otra de las motivaciones argumanetadas por el Consejo de Gobierno para posicionarse en contra de la admisión a trámite de dicha propuesta, es el rechazo a la afirmación de que la norma sobre la Memoria Democrática suponga en modo alguno sembrar la duda sobre la la Constitución y su carácter democrático ni socaban la legitimidad de la monarquía parlamentaria.
Rechaza también el Ejecutivo que existiese una extralimitación en la aprobación de la Ley ni que se vulnerasen derechos contitucionales, tal y como recoge Vox en su exposición de motivos. Tampoco se considera que las afirmaciones que contiene la Ley supongan la suplantación de la labor profesional de los historiadores, ni se establece, como se afirma en el escrito que sirve de justificación a la Proposición de Ley, una "verdad oficial".
