La Procuradoría dispondrá en tres meses de un programa informático para la gestión de quejas y consultas

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Procuradoría General del Principado dispondrá en tres meses de un programa informático de gestión de quejas, consultas y documentos que reforzará las comunicaciones electrónicas entre los ciudadanos y las Administraciones.

La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, y el defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, han suscrito este lunes en Oviedo el convenio de colaboración que permitirá la puesta en marcha de este proyecto.

La firma es el desarrollo de un convenio aprobado por la Mesa de la Junta General del Principado y supone la adhesión de la Procuradora General a una red de colaboración con otras defensorías de España para constituir una Plataforma Interinstitucional de Cooperación Tecnológica para el uso compartido de aplicaciones y desarrollos tecnológicos.

Esta iniciativa permitirá a la Procuradoría asturiana disponer de una herramienta informática para la gestión documental, incrementar la sede electrónica y adecuar y mejorar su página web, ha resumido Fernández Felgueroso. Asimismo, podría suponer un ahorro de 125.000 euros en aplicaciones de Administración electrónica en el Principado.

Fue el defensor del Pueblo de Andalucía quien desarrolló este soporte que ya está en funcionamiento en su comunidad y que, ahora, pone a disposición del Principado con el objetivo de fomentar "la cooperación entre instituciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración", ha explicado Chamizo.

"Lo importante es el contacto personal, humano, que no se puede perder", ha añadido, aunque el número de quejas que llegaban en Andalucía vía Internet --entre un 40 y un 50 por ciento-- ha hecho necesaria la creación de esta herramienta informática, que también comparten Murcia, Navarra, Castilla La Mancha y, próximamente, Castilla y León.

La idea es, ha dicho Chamizo, ampliar esta red de colaboración al resto de comunidades autónomas y coordinarse a nivel nacional para evitar duplicidad en la tramitación de los casos.