Roqueñí afirma que Cogersa no había aún recepcionado la planta incendiada y anuncia rebaja de tasas a los ayuntamientos

"No era propaganda, era un ejercicio de transparencia", defiende sobre la inauguración de Barbón

GIJÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí, ha comunicado este lunes que aún no se ha determinado la causa del incendio, el pasado abril, de la nueva planta de basura bruta de Cogersa, y está por determinar también la asunción de responsabilidades, ya que el consorcio aún no había recepcionado la misma.

Sí que ha adelantado que se va a proponer a la Junta General de Cogersa, dado que la planta no está operativa y no se sabe cuándo podrá estarlo, la rebaja de la tasa que pagan los ayuntamientos, con efectos retroactivos al pasado día 1, que pasará de nuevo de 96 euros actual a 67 por tonelada.

Así lo ha indicado la consejera durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de la Junta General del Principado de Asturias.

Sobre ello, ha ahondado en que la nueva tarifa se hizo teniendo en cuenta el coste de tratamiento en esta planta, por ello, creen que es "justo" recuperar la tarifa anterior.

Esto supondrá, según la consejera, una reducción de costes para los ayuntamientos del 30 por ciento en el tratamiento de los residuos que, en el caso de Gijón, supone un ahorro de 1,5 millones de euros.

Eso sí, ha señalado que, pese al incendio, los residuos municipales no se han dejado de recepcionar "en ningún momento", habilitándose un espacio para ello.

En cuanto a los daños por el incendio, ha indicado que el fuego afectó a cerramientos y cubiertas, incluidas las placas solares, y a cintas transportadoras, pero no parece estar afectada la estructura de hormigón. No obstante, ha señalado que la determinación de costes dependerá de una evaluación del estado de la maquinaria.

En todo caso, ha aventurado que costará varios millones de euros su reposición y se tardará varios meses en su puesta en marcha. Ha dejado claro, eso sí, que los ayuntamientos no serán requeridos para realizar ninguna aportación extraordinaria, ya que Cogersa dispone de "músculo financiero" para hacerlo.

Sobre este aspecto, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), le ha recriminado que se subieran este año las tarifas a los ayuntamientos si Cogersa disponía de "músculo financiero", a lo que la consejera ha respondido que lo que hace Cogersa es repercutir el coste, tal como indican desde la UE.

SEGUROS

Referente a la responsabilidad, ha explicado que la planta no se había recepcionado porque no había alcanzado su máximo rendimiento, por lo que la empresa Valtalia aún está vinculada a la explotación de la misma, mientras que el personal que opera en la misma pertenece a Tragsa.

A este respecto, la consejera ha incidido en que se analiza de forma jurídica todas estas responsabilidades por parte de las mismas y los seguros.

Roqueñí ha recalcado que las actividades de tratamiento de residuos entrañan dificultades y riesgos. No obstante, ha afirmado que no van a escatimar medios para implementar medidas de prevención de incendios.

Por este motivo, han ordenado una auditoria integral sobre medidas activas y pasivas de detección y prevención de incendios en el complejo de Serín, para minimizar riesgos y estar preparados para reaccionar a este tipo de sucesos, "de los que nunca vamos a estar completamente a salvo", ha dicho ser consciente.

Por parte de la oposición, varios han sido los diputados que han llamado la atención sobre que la planta no estuviera recepcionada y más aún sobre que la hubiera inaugurado el presidente regional, Adrián Barbón, sin estarlo.

En respuesta, la consejera ha precisado que una cosa es la fase de puesta en servicio, que siempre se hace de la misma manera, es decir, que cuando todos los equipos funcionando, se autoriza la puesta en marcha, sin basura, y luego hay otra fase de puesta en servicio que determina el inicio de la explotación la empresa.

Roqueñí ha recalcado que una obra de esta envergadura tiene que llegar a un nivel de explotación para ver el rendimiento de la misma. Ha defendido, en todo caso, que Barbón vino a inaugurar su puesta en servicio, que marcaba, a su juicio, un "hito" en la gestión de residuos.

Ante la sospecha del diputado del PP Rafael Alonso, sobre que esto conllevará discrepancias entre aseguradoras, la consejera ha reconocido que es un tema "complejo", dado que hay una empresa que aún presta servicios de explotación mientras que otra aporta personal y, por encima, Cogersa supervisa.

Ha precisado, en este caso, que se está dirimiendo el asunto con peritos judiciales y Tragsa, por su lado, también ha contratado los servicios de un experto para ayudar a establecer las responsabilidades en cuanto a la responsabilidad de los seguros. En cualquier caso, ha remarcado que Cogersa no podía tener seguro sobre la misma porque aún no la había recepcionado.

Ha insistido, en este sentido, en que la cobertura del seguro es de la empresa Valtalia, mientras que Cogersa hizo el encargo de medio propio a Tragsa, que aporta 53 trabajadores. Esta última tiene sus propios seguros de cobertura, puesto que está prestando servicios y debe comprometerse a hacerlo "de forma adecuada", según la consejera.

POSIBLE REGULACIÓN DE PERSONAL

Preguntada por este personal, ha explicado que está habiendo un periodo transitorio en el que es necesario operaciones de limpieza e intervención en una planta que queda en una situación intermedia. Sin embargo, si se alarga en el tiempo, habrá que hacer una reducción de plantilla de acuerdo al encargo con Tragsa. Por otro lado, ha asegurado que la instalación contra incendios cumplía la normativa.

La consejera también ha indicado, a preguntas de Vox, que, al igual que con la planta de residuos peligrosos, no es descabellado pensar en la contratación de una empresa especializada para su operativa, si bien ha matizado que la decisión aún no está tomada.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, por otro lado, ha aventurado más costes para el ciudadano y un problema jurídico en cuanto a la determinación de responsabilidades. Un problema jurídico que, a su parecer, probablemente acabe en los tribunales por las "prisas y publicidad" de Barbón.

En este sentido, ha avanzado que Vox va a pedir el acta de recepción de la obra. Unido a ello, ha criticado que todo el "enjambre" de empresas que rodea la gestión de residuos no hace más que encarecer el servicio para los ciudadanos y demuestra la "ineficiencia absoluta" de los socialistas, que no saben qué hacer, según él, con el producto final, Combustible Sólido Recuperado (CSR).

El diputado socialista René Suárez Fernández, en cambio, ha apuntado que toca mirar al futuro y trabajar en minimizar los riesgos a futuro, mejorando, si cabe, los protocolos. Ha defendido la visita de Barbón a la planta el día de su entrada en funcionamiento. "Lo que es una realidad, no es una propaganda", ha recalcado, al tiempo que ha recriminado que "a alguno le faltó decir que el incendio fue provocado por comunistas".

"No era propaganda, era un ejercicio de transparencia", ha agregado Roqueñí, ha dicho sospechar que si no hubiera ido les hubieran acusado de ocultar algo. A mayores, ha remarcado que el presidente puso en valor la planta. Ha agradecido, eso sí, la rápida y profesional intervención de todos en sofocar el incendio y que no hubo daños personales.

Desde Convocatoria por Asturias, se ha apelado la papel importante que está llamada a tener esta planta en la gestión de residuos, de cara a cumplir con los objetivos marcados por la UE.