OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
UGT Asturias ha considerado "manifiestamente injusta y contraria a derecho" la condena por fraude de subvenciones --que impone al exsecretario general Justo Rodríguez Braga dos años y diez meses de prisión por un caso de desvío de fondos--. El sindicato ha anunciado que va a recurrirla.
Según han indicado a través de nota de prensa, a UGT le "sorprende" que la sentencia diga que los costes de alquiler de las aulas y los equipos didácticos utilizados para la formación no eran a precios de mercado, "algo radicalmente contrario a lo que resolvieron administrativamente y declararon expresamente en el juicio las sucesivas Directoras Generales del Sepepa".
En ese sentido, han indciado que la declaración fue también ratificada por el Director Gerente de la Fundae (anterior Fundación Tripartita) dependiente el Ministerio de Trabajo, que había llevado a cabo la liquidación de las justificaciones de las subvenciones. Y que fue también ratificado por tres peritos aportados por las defensas, entre ellos uno que había sido 15 años letrado del Tribunal de Cuentas liquidador de subvenciones.
"Sorprende igualmente que la sentencia considere que ninguno de los trabajadores de UGT Asturias tenía relación directa con la formación y cuyos costes fueron imputados a la justificación como costes asociados, tuvo participación en la misma y que dichos costes eran ilegales y fraudulentos; cuando la mayoría de ellos declararon en el juicio que sí habían realizado funciones vinculadas con la formación subvencionada, cuando las Directoras Generales del Sepepa los habían validado y afirmaron que sin la participación de personas, cuyos costes se imputan como costes asociados, no podría haberse ejecutado la formación", han señalado.
Para UGT, han indicado, tiene mayor trascendencia cuando la condena a UGT Asturias lo es por un hipotético fraude de 122.028,32 euro por la subvención del año 2012, "cuantía a la que si se considerara correctamente justificada la participación sólo de un trabajador bajaría de los 120.000 euros que constituye el tope mínimo legal para el delito de fraude de subvenciones".
"Por todo ello, y por más razones que los letrados argumentarán adecuadamente, vamos a recurrir ante la Audiencia Provincial, confiando que en esa instancia se reconozca la inocencia de los ahora condenados y de la UGT de Asturias como sindicato", han sentenciado
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