Acusan a la Autoridad Portuaria de haber intentado "engañar" a la Unión Europea pidiendo financiación a cargo de los fondos de cohesión
OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Los Verdes de Asturias, Ignacio González, consideró hoy que el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, debe ser cesado de su cargo y que debe abrirse también en España una investigación por parte de la Intervención General del Estado y la Fiscalía para aclarar la legalidad de los cambios, la tramitación y la gestión de este proyecto.
Las obras de ampliación del Puerto de El Musel, en Gijón, arrancaron en el año 2004, a cargo de la unión temporal de empresas Dique Torres y con un presupuesto de 579,2 millones. Sin embargo, posteriormente la Autoridad Portuaria admitió que las obras iban a costar 251 millones más, algo que atribuyó a diferentes causas, como la imposibilidad de recurrir a una cantera de materiales con la que se contaba inicialmente.
Así, el Gobierno español terminó solicitando esos 135 millones a la Unión Europea a cargo de los fondos de cohesión. Formaciones políticas como Los Verdes consideraron el sobrecoste injustificado y así lo hicieron saber en Europa, que ha denegado esos fondos al considerar que se incumplió la normativa europea de contratación pública , según confirmó el viernes el portavoz de Política Regional de la Unión Europea.
Los Verdes consideran a Menéndez Rexach y a quienes le apoyan como los culpables del "desaguisado" y señalaron que hacen pasar "vergüenza" al Estado español que, por culpa de esos "nefastos gestores", ha quedado desprestigiado ante las autoridades europeas y puede que incluso sancionado.
Según Ignacio González la petición de esos fondos a Europa fue un intento de "engañar" a la Unión Europea, lo que constituye una "grave negligencia", algo que puede hacer perder a Asturias la posibilidad de financiar con el fondo de cohesión otros proyectos de interés relativos a saneamiento o gestión de residuos.
Una vez que se deniegan los fondos para el sobrecoste, Los Verdes entienden que no estará tampoco aprobada esa actuación, dado que el Consejo de Administración del Puerto aprobó la Segunda Fase condicionada a la existencia de financiación europea. "Por tanto, por su ilegalidad, por no contar con financiación y por no poder considerarse aprobado el sobrecoste, las obras deberían pararse de forma inmediata; Y los sobrecostes, si se produjeran, deben correr a cargo de los adjudicatarios", dijo Ignacio González.
TAMPOCO DEBE PAGAR ESPAÑA
Los Verdes también rechazan que sea el Estado español el que tenga que hacer frente a la financiación del sobrecoste, por las mismas razones que la Unión Europea rechaza hacerlo. "Si una actuación es ilegal y, por ello, no financiable, para la administración pública europea, lo es también para las demás", explicó Ignacio González.
Por último, González dijo que si no se hubiera incluido el sobrecoste en el programa operativo o se hubiera sustituido hace meses por otro proyecto, tal como solicitaron Los Verdes de Asturias, "el ridículo por el que está pasando la administración española y los perjuicios económicos para esta comunidad serían menores".
