SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy, con los votos a favor de todos los grupos menos el PP, instar a la Alcaldía a que el responsable del contrato de basuras adjudicado por emergencia a Cespa siga siendo la directora general de Medio Ambiente y no la empresa WSP APIA, después de que el Consistorio le adjudicara el día 9 la fiscalización y supervisión del contrato, también por vía de emergencia y sin concurso público.
En este sentido, los grupos de la oposición han expresado su rechazo unánime a una delegación de responsabilidad del contrato en una empresa, lo que han calificado de "escandaloso" pues han defendido que debe ser pública, y han denunciado la falta de transparencia del equipo de Gobierno PP-Cs, que no ha informado de este "segundo contrato a dedo". También han acusado al PP de actuar guiado por sus intereses políticos de cara a las elecciones de 2023 y no por el bien de la ciudad.
La concejala popular de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha replicado que el equipo de Gobierno está actuando "con absoluta transparencia" y facilitando "toda la documentación", y ha explicado que la responsabilidad de la "supervisión provisional" del contrato se ha externalizado porque la anterior adjudicataria, Ascan-Geaser, ha anunciado querellas contra tres funcionarios municipales, dos de ellos el responsable y el director del contrato, por lo que se ha adoptado esta medida para "no perjudicar" ni a la Administración local ni a estas personas.
Además, ha asegurado que la Ley de Contratos del sector público lo permite, así como que las conclusiones de la empresa llegarán al Ayuntamiento y serán fiscalizadas por el servicio de Intervención.
Respecto a la misma cuestión, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha afirmado que el responsable del contrato es municipal y ha expresado su "sorpresa por la sorpresa" de su socio de Gobierno y concejal de Contratación, Javier Ceruti (Cs), quien ha asegurado que la decisión de este segundo contrato de emergencia también el "sorprendió" a él, cuando, según Igual, el expediente de elaboró en Contratación; un hecho del que el edil ha dicho no estar informado en lo que considera una "maniobra para intentar eludir" la participación de Cs en este sentido.
Por su parte, la oposición ha rechazado el argumento de la querella como justificante de la delegación de responsabilidad. "Que se anuncie una querella... En Telecinco a las cuatro de la tarde se anuncian todos los días", ha dicho el portavoz de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro.
También han acusado a la Alcaldía de volver a utilizar la fórmula de la emergencia adjudicar otro contrato "a dedo" cuando en su opinión no se ha producido esa situación ni para la adjudicación del servicio ni menos para su control. En este sentido, Ceruti sí ha defendido la fórmula para la prestación porque en su opinión existía un "riesgo de emergencia sanitaria" si no se recoge la basura, así como la fórmula del control externo, "que ha funcionado", pero se ha opuesto al control externalizado de la gestión.
Igualmente han coincidido PSOE, PRC, Cs, UxS y Vox en censurar que esta cuestión no se tratase en la Comisión de Desarrollo Sostenible, y en reclamar una comisión de investigación para "abordar con transparencia quién es el responsable del desastre absoluto de la limpieza".
El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha denunciado que la resolución del nuevo contrato con WSP APIA es "lo contrario" a lo que dijo Rojo "dos días antes", y ha declarado que esta delegación de responsabilidades públicas a una empresa privada "es el colmo, un escándalo, por lo que nos han ocultado y mentido: por ahí no pasamos".
En su opinión, con hechos como éstos el PP está "intentando lavar su imagen". "Están provocando el conflicto para quitar la atención del contrato y sin admitir su responsabilidad, por eso están obstruyendo la comisión de investigación", ha sostenido.
Para Fernández, los santanderinos "van a pagar más dinero público" con esta "chapuza" que tendrá unos "sobrecostes brutales que nos van a querer ocultar: vienen años de suciedad y ratas y nos va a salir muy caro", ha advertido.
Mientras, su homólogo regionalista, José María Fuentes-Pila, promotor de la moción inicial sobre la supervisión del contrato, a la que se han adherido dos transaccionales de Vox y PSOE, ha asegurado que el equipo de Gobierno "conocía el obstruccionismo" de Ascan "y dijeron que estaban preparados. El día 11 se produjo el parón (del servicio), que es el reflejo de su responsabilidad con Santander", ha valorado.
Tras denunciar este "escándalo de gestión municipal" y la situación "inoperante" actual, ha preguntado si el nuevo pliego y contrato estarán listos antes de final de 2022, a lo que Rojo ha asegurado que el servicio estará adjudicado el próximo año porque "es una prioridad en la que seguimos trabajando".
En relación al mismo asunto, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha acusado al equipo de Gobierno de no querer aprobar los nuevos pliegos del servicio. También ha considerado "dudosa" la delegación de la responsabilidad del contrato.
Finalmente, su homólogo de UxS ha insistido en que la responsabilidad del contrato implica el ejercicio de facultades públicas si bien ha reconocido que "probablemente" los recursos de personal del Ayuntamiento "sean insuficientes". Además, ha sostenido que "no es función" de Intervención esta fiscalización, "no puede ser".
De este modo, el Pleno ha aprobado una moción regionalista, con transaccional del Vox, para instar a la Alcaldía a que la responsable del contrato siga siendo la directora general de Medio Ambiente, detallando las facultades que tendrá atribuidas; a dejar sin efecto su resolución acordando declarar el estado de emergencia "por no existir personal en el órgano gestor" para adjudicar la condición de responsable del nuevo contrato y la asistencia técnica a WSP APIA; a que el responsable del contrato emita un informe mensual de su cumplimiento y las decisiones adoptadas; y para censurar al presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, César Díaz, por no haber incluido información sobre este contrato en la reunión del día 22.
Asimismo incluye otra transaccional del PSOE para instar a la celebración de una Comisión de Desarrollo Sostenible extraordinaria y urgente para dar traslado del expediente completo de esta contratación de emergencia a los grupos políticos municipales.
