Absueltos de un delito de estafa Rotella y Torio, propietarios del suelo y acusados de omitir esa información al venderlo
SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La constructora Silver Eagle conocía que las dunas sobre las que se asentaba el campo de golf de Oyambre estaban expuestas a procesos de deslinde, como el que finalmente tuvo como consecuencia una sentencia que obligaba a reponer la playa a su estado anterior.
De hecho, el expediente que provocó que esa finca fuera incluida en el dominio público marítimo-terrestre fue posterior a la adquisición de los terrenos por un importe de 600.000 euros por parte de esta empresa a sus anteriores dueños, José Manuel Rotella y Manuel Torio, de la empresa Playa de Oyambre S.A.
Silver Eagle les acusaba de haber ocultado la información que afectaba a los riesgos sobre la propiedad de los terrenos, cuando se formalizó su venta, en diciembre de 2004, mientras que la inclusión en el dominio público, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se acordó en 2005.
Por estos hechos, el grupo empresarial de la familia Montalvo acusaba a Rotella y Torio de delitos de estafa por los que les reclamaban de entre uno y seis años de prisión, considerando como circunstancia agravante el proceso de liquidación en que luego entraría Playa de Oyambre S.A.
Estas pretensiones chocaron contra el criterio del Ministerio Fiscal, que no apreció delito y que, además, recalcaba que los distintos procesos expropiatorios eran públicos y conocidos, a través de los mecanismos habituales (los boletines oficiales y la información en los medios de comunicación).
Todo esto llegó a un proceso ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander en el curso del cual su titular, el juez José Hoya Corominas preguntó al presidente de la sociedad, Jaime Montalvo, sobre su conocimiento de los terrenos, dada su condición tanto de implicado como de "conocedor" de la zona y su situación urbanística.
Según la sentencia, su respuesta fue que "no sólo se conocía con anterioridad a la compra la situación de las fincas y la existencia de expedientes administrativos de deslinde", tanto por él como por los demás responsables de Silver Eagle, sino que "además el expediente que finalmente declaro la finca como dentro del dominio marítimo terrestre fue posterior a la adquisición de las fincas".
El juez añade que, además de esto, los responsables de la empresa llegaron a entrevistarse con el alcalde del municipio para abordar la situación, por lo que concluye que "en todo momento fueron conscientes de la situación de las fincas y de los riesgos que su adquisición comportaba".
De esta forma se rebate la tesis que mantenía el grupo empresarial, que sostenía que conoció "de forma prácticamente accidental" que se había abierto un expediente de deslinde, sin que los vendedores les informaran de los avances en la tramitación en ningún momento.
Era una versión que no compartía tampoco el Ministerio Fiscal, que hizo hincapié en que Silver Eagle aceptó un precio de venta "muy ventajoso" (600.000 eruos) y "notablemente inferior al real de mercado si realmente las fincas no estuvieran sometidas a tales limitaciones".
