TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal y las dos partes que ejercen la acusación particular contra I.M.M, acusado de haber acabado con la vida de A.C.S en la localidad toledana de La Pueblanueva, han mantenido la calificación de asesinato para los hechos sucedidos el 16 de junio de 2021. Por contra, la defensa alega que los hechos son constitutivos de homicidio.
Así lo han manifestado en la tercera sesión de este juicio que, con tribunal de jurado popular, se ha desarrollado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, en la que los tres magistrados han vuelto a coincidir que el inculpado acabó con la vida de A.C.S cuando este le reclamó el dinero que se había quedado por la venta de entre 30 y 50 kilos de marihuana.
La fiscal, en su alocución final a las tres mujeres y seis hombres que conforman el jurado, ha reivindicado la unidad del Ministerio Fiscal, que el abogado de la defensa ha llegado a cuestionar a lo largo del juicio, recordando que esta misma semana el juez de menores ha sentenciado por asesinato al hermano pequeño del procesado, al reconocer que hubo alevosía.
Tras asegurar que el procesado ha reconocido hasta en cuatro ocasiones los hechos, ha abundado en que la alevosía ha quedado "clara" durante la vistas porque el finado, tras el primer golpe, sufrió una diminución de la consciencia y, por tanto, no tuvo posibilidad de defenderse.
"Le tenía ganas, iba a por él. Los mensajes que constan en la causa son claves y claros. Entre ellos había un problema económico por drogas y en una zona, en la que no había nadie más que el acusado y su hermano, cometieron el crimen".
ENSAÑAMIENTO
A continuación, el abogado de la acusación particular que ejerce la madre de A.C.S., además de suscribir la tesis de la fiscal que insistía en la alevosía en la comisión de los hechos, ha añadido que además hubo ensañamiento como, a su entender, acreditó el médico forense, que refirió dos heridas en el cuello con un objeto que podría ser el cuello de una botella rota.
"Por eso, el juez de menores ha condenado al hermano por ser el coautor de un delito de asesinato", ha defendido el letrado de la madre de la víctima, que ha pedido a los integrantes del jurado que no tengan en cuenta los atenuantes que reclama la defensa porque no están claros y, de aplicarlos, le rebajarían la pena hasta en cinco años.
De ahí que mantenga la petición de 25 años de prisión para I.M.M., consciente de los 248.000 euros que se le reclama en concepto de responsabilidad civil --75.000 euros para cada progenitor y 98.000 para la huérfana que deja A.C.S.--, nunca serán resarcidos a la familia del finado porque "el procesado es insolvente y no lo va a pagar nunca".
El mismo argumento ha esgrimido el abogado de la acusación que ejerce el padre del fallecido, que ha insistido en que A.C.S. no tuvo posibilidad de defensa, pues "tras cortarle el cuello dejaron que se ahogase sin intentar llamar al 112 para pedir socorro".
De ahí que incida en que en la comisión de los hechos hubo alevosía, al tiempo que ha lamentado que el procesado no haya mostrado arrepentimiento. Coincidiendo con las otras acusaciones, descarta que haya habido, como rebate la defensa, retraso en la tramitación de la causa.
TRES ATENUANTES PARA EL PROCESADO
Visión antitética ha vuelto a mostrar el letrado del procesado, que ha descartado que su representado actuase con alevosía pues, según ha señalado, los hechos sucedieron de forma muy rápida y este no podía saber que el agredido estuviera en indefensión.
De igual modo, ha desechado que I.M.M, actuase con ensañamiento, pues, según ha precisado la muerte se A.C.S. se produjo casi al momento de ser agredido y no tenía muchas posibilidades de salvarse, como alegó uno de los forenses.
Dicho esto, ha pedido a los integrantes del jurado que, a la hora de elaborar su veredicto, apliquen tres atenuantes: la de confesión, pues considera que su defendido ha reconocido los hechos y ha colaborado con la justicia; y la de reparación del daño, ya que ha entregado 30.000 euros a la familia y "cuando salga de prisión se pondrá a trabajar para saldar la deuda".
Asimismo, ha reivindicado el atenuante de la dilación indebida, pues considera que la actividad instructora se ha demorado más de dos años, lo que ha terminado perjudicado a su representado, pues al no tener sentencia y no haber podido ser clasificado en la cárcel, "no tiene opción a trabajo ni a méritos".
Por último, y tras insistir en que los hechos por los que se le han juzgado son constitutivos de homicidio, ha denunciado que los integrantes del jurado hayan sido "viciados" al conocer en el transcurso de la vista que el hermano de I.M.M. había sido condenado por el juzgado de menores que lo ha procesado.
"Creo que la función del jurado y su configuración ha quedado totalmente comprometida. Les dije en su momento, cuando iniciaron el juicio, que sólo las pruebas que se practicaban aquí son las válidas. Ustedes no pueden estar contaminados por una información exterior y van a estar viciados en sus decisiones. Me parece una aberración que el jurado se contamine con esta información. Esto vulnera, sin duda alguna, el principio de tutela judicial efectiva y lo denuncio en este acto para futura apelación", ha avanzado.
Tras las conclusiones y los informes de las partes, el jurado se ha retirado a deliberar para configurar su objeto de veredicto.
