Autorizada la creación de una Comisión Regional de Coordinación de Políticas del Cambio Climático en Castilla-La Mancha
TOLEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión de hoy una inversión de más de 30 millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, del que se beneficiarán 30.000 mayores de la región.
El objetivo de este programa, que se presta en colaboración con los ayuntamientos y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es atender en su domicilio a las personas que requieran algún tipo de apoyo para mejorar su autonomía personal y facilitar la permanencia en su hogar, según informa la Junta en nota de prensa.
Por otra parte, a instancias de la Consejería de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno aprobó una instrucción sobre el fomento de la estabilidad en el empleo que establece una serie de medidas de carácter social y medioambiental que deben cumplir las empresas que quieran contratar con la Junta de Comunidades.
De esta forma se refuerza uno de los objetivos básicos del Gobierno regional, que es el fomento y el apoyo a la estabilidad en el empleo, así como la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, se dio luz verde a la adquisición directa por parte de la Junta de Comunidades del inmueble situado en la calle Diputación de Toledo, donde se ubica la sede de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con una superficie superior a los 4.600 metros cuadrados.
COMISIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
A propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se ha aprobado la creación de la Comisión Regional de Coordinación de Políticas del Cambio Climático en Castilla-La Mancha, que se hará cargo de la coordinación entre todos los departamentos del Gobierno regional que tengan competencias en algunas de las materias que influyen en el fenómeno del cambio climático.
Esta Comisión será también un órgano de consulta y debate en la elaboración de la futura Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
A instancias de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, el Consejo de Gobierno fue informado de las obras de emergencia realizadas por Aguas de Castilla-La Mancha en la mejora del abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña, a fin de garantizar el suministro de agua potable en alta a los ramales que afectan a los municipios de Horche, Yebes, Valderachas, Pozo de Guadalajara, Pioz y Chiloeches, en la provincia de Guadalajara.
Asimismo, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, declaró la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación a que dará lugar la ejecución de la obra denominada "Restauración y adecuación ambiental del Río Valdemembra", en Villanueva de la Jara (Cuenca).
AYUDAS PARA EL PLAN INTEGRADO DE EMPLEO.
El Ejecutivo regional autorizó también un gasto, propuesto por la Consejería de Trabajo y Empleo, para destinar más de dos millones de euros para la puesta en marcha del Plan Integrado de Empleo concedido a la ciudad de Albacete para este año. Mediante este Plan se desarrollarán 23 proyectos, que supondrán la contratación de 717 trabajadores, de los que 526 son mujeres.
Por último, como anunció el presidente regional, José María Barreda, el Consejo de Gobierno aprobó solicitar el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha y el informe de su Consejo Social para la implantación de diez nuevas titulaciones de grado.
De este modo, en Albacete se ampliaría Medicina y se implantarían las titulaciones de Telecomunicaciones y Farmacia; en Ciudad Real se implantarían las de Medicina y Psicología; en Cuenca las de Periodismo y Turismo; en Toledo las de Arquitectura y Traducción e Interpretación y en Talavera de la Reina las titulaciones de Enfermería e Informática.
Finalmente se autorizó una instrucción sobre el fomento de la estabilidad en el empleo que establece una serie de medidas de carácter social y medioambiental que deben cumplir las empresas que quieran contratar con la Junta de Comunidades.
