TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS)
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy, con los votos en contra del PP, la Ley que establece el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la que se recogen los plazos máximos para resolver las solicitudes que formulen los interesados.
Durante la sesión plenaria, el parlamentario del Partido Popular, César Gómez Benayas, que también defendió la semana pasada la enmienda a la totalidad de su grupo --rechazada por el PSOE-- a este proyecto, insistió en solicitar la elaboración de un texto refundido debido a lo confuso de la redacción del Proyecto de Ley.
Desde el PSOE, el diputado Alberto Rojo, insistió en el beneficio de establecer un plazo único para todo el procedimiento administrativo, así como en la seguridad jurídica y la concreción que ofrece el texto legislativo, por lo que pidió al Partido Popular que no engañe a los ciudadanos, que ya no tendrán que acudir a varias normas sino a solo una.
Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, que acusó a los 'populares' de no haberse leído la ley, señaló que la disposición derogatoria que incluye es "más clarificadora y racional" y servirá para saber "a qué atenernos cuando llamamos a la puerta de la Administración regional".
La Ley establece el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias, en lo que respecta a la duración máxima de los procedimientos, el efecto del silencio administrativo o la simplificación de los plazos.
Así, en el caso de los procedimientos abreviados en materia de responsabilidad patrimonial y simplificados, la resolución para el ejercicio de la potestad sancionadora deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, mientras que en los procedimientos de ayudas públicas la resolución tendrá un año de plazo.
