TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado con los únicos votos del PP el Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, después de que 'populares' y socialistas no hayan conseguido alcanzar ningún acuerdo en ninguna de las 95 enmiendas de los socialistas, que aunque fueron rechazadas en la Comisión Economía y Presupuestos han llegado vivas al pleno de este jueves.
La tasa por inspección y control sanitario de carnes frescas y carnes de caza ha sido una las cuestiones que ha enfrentado a 'populares' y socialistas, que finalmente no han llegado a un punto de encuentro al no permitir el PSOE que el PP introdujera una enmienda transaccional sobre su enmienda inicial, única manera que tenían los 'populares' para cambiar el texto.
Durante el debate, el PSOE ha propuesto al PP que aprobara su enmienda --que proponía una rebaja sensible de las tasas-- y en 15 días se comprometía a consensuar una proposición de ley que recogiera todos los acuerdos que se han alcanzado con el sector cárnico.
Los 'populares' sin embargo han asegurado que no pueden dar su apoyo a una enmienda que establece cuantías "sin ningún tipo de rigor ni criterio técnico" porque "va en contra del reglamento de la Unión Europea". "No nos pida que hagamos eso porque no lo podemos hacer", ha replicado el diputado del PP José Luis Teruel a la socialista Delfina Carrasco.
Tras el intercambio de palabras entre el 'popular' y la socialista, el parlamentario del PP ha pedido tranquilidad al sector porque existen mecanismos parlamentarios para modificar posteriormente las tasas que hoy se aprueban y que son las que recogía el texto propuesto por el Gobierno.
La Ley, que pretende aumentar la recaudación en 10,5 millones, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y no el 1 de enero como proponían los socialistas en sus enmiendas, que han sido tumbadas por los 'populares' en el transcurso del debate parlamentario.
El texto aprobado incluye, a propuesta del PP, que queden exentos de pagar las tasas por revisar el grado de discapacidad, el de dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA) aquellos solicitantes cuya capacidad económica personal sea igual o inferior al 75% de la cuantía del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).
ACTUALIZACIÓN DESPUÉS DE 22 AÑOS
El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha explicado que el fin de este Proyecto de Ley es ajustar una normativa que data de los años 90 a la realidad de las actuaciones desarrolladas actualmente por la administración, así como reordenar y actualizar las tasas propias de la comunidad y revisar las tarifas que en algunos casos estaban "muy desfasadas".
"La normativa regional en materia de tasas no ha sido actualizada en 22 años", ha recalcado el consejero, quien considera que por ello se hace necesario abordar la modificación de esta legislación regional, que, según ha indicado, ha quedado "obsoleta y dispersa", siendo necesaria su adecuación a las circunstancias actuales y dando a la normativa sobre tasas "mayor seguridad jurídica, transparencia y claridad".
"Este proyecto pretende dar coherencia económica a una nueva diversidad de ingresos públicos, al tiempo que los ciudadanos contribuyan al mantenimiento de los servicios concretos según el uso que hagan de estos", ha afirmado Romaní, quien ha dicho que el importe de las tasas no van a ser actualizadas para el ejercicio de 2013.
TEXTO QUE LEVANTA AMPOLLAS
La portavoz socialista Delfina Carrasco ha asegurado que este Proyecto de Ley está levantando "ampollas" en todos los sectores productivos y en los colectivos más vulnerables y para demostrar que no hay afán recaudatorio en el Gobierno propuso que la ley entrara en vigor el 1 de enero y no el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, algo que no fue aceptado.
Además, el PSOE planteaba que el establecimiento o actualización de precios públicos se sometiera a información pública durante un periodo mínimo de 30 días.
El portavoz del PP Francisco Cañizares ha replicado a la parlamentaria socialista que actualmente no existe obligación de someter a información pública este tipo de iniciativas, y ha señalado que uno de los objetivos de la iniciativa es mantener a los ciudadanos en perfecta sintonía con los servicios que se prestan desde la Administración.
