El sindicato pide explicaciones a la Junta y le recuerda las movilizaciones de las brigadas de carreteras de la Consejería de Fomento
TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRES) -
El sindicato Comisiones Obreras ha lamentado este lunes que el Gobierno de Castilla-La Mancha prefiera contratar, a través de una empresa privada, a 29 técnicos informáticos externos, antes que proveer estos puestos con personal público, seleccionando a quienes integran las bolsas de trabajo de personal funcionario de las Escalas Informáticas.
De este modo, en rueda de prensa, el coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC en la región, José Luis Martínez, y la delegada sindical de CCOO-FSC y funcionaria del cuerpo de informática de la Junta, Elena Bartolomé, han denunciado dos licitaciones que, según afirman, ha realizado la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para la compra de distintos dispositivos y para la contratación de personal que va a dar atención al mantenimiento de estos equipos.
Los dirigentes sindicales han informado de que el pasado mes de febrero la Junta formalizó un contrato para la adquisición de equipamiento especializado y servicios de soporte de atención a usuarios del sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha.
Entre las prestaciones que conforman el contrato, según CCOO, figura el suministro, instalación y configuración de equipamiento para la renovación y dotación de dispositivos tecnológicos, así como los servicios de atención a personas usuarias a los centros y recursos de servicios sociales y atención a la dependencia sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Bienestar Social.
Una parte de esta licitación, el lote 4, incluye la prestación de servicios del Centro de Atención a Usuarios (CAU) tecnológico a entorno socio-asistencial tanto en remoto como asistencia in-situ. Para ello, según denuncia el sindicato, se ha contratado a 29 trabajadores externos por la empresa adjudicataria.
El soporte que ofrecerán, según el sindicato, es el mismo que ya ofrecen los técnicos del Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Junta para otros dispositivos y sistemas. Este contrato de servicios tiene una duración de 12 meses, existiendo la posibilidad de prórroga de hasta un máximo de 24 meses.
La empresa adjudicataria, según el sindicato, "no sólo obtendrá beneficios" por la venta de dispositivos tecnológicos y software, sino que ingresará un 6% de "beneficio industrial" en el montante de la partida de personal, al que hay que sumar un 9,9% de gastos de desplazamiento, "gastos que no realiza el personal funcionario de la Administración al estar presentes en toda la región".
UNA CONTRATACIÓN "INNECESARIA E INJUSTIFICADA"
CCOO considera "innecesaria e injustificada" la contratación de personal externo para realizar tareas que, según asegura, son propias del personal funcionario. Además, no entiende por qué no se ha dedicado ese presupuesto de la Junta para incorporar las 29 plazas a personal funcionario en el marco de un programa temporal de empleo, algo que supondrá "un menor gasto".
También advierten de que la atención de este personal técnico será necesaria más allá de los 24 meses máximos de duración de los contratos, ya que la adquisición de dispositivos y software hará necesario su mantenimiento, actualización y resolución de incidencias.
Igualmente, el sindicato ha hablado de una segunda licitación, de la que "conoce poco", y que tiene como objeto la contratación de una plataforma de transformación digital de procesos y servicios de minería y análisis de procesos, y una plataforma de automatización de procesos y servicios para el desarrollo, integración, puesta en producción y mantenimiento de procesos automatizados mediante tecnología RPA.
Ante estas dos licitaciones, CCOO remitió un escrito el pasado 5 de abril a la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección General de Administración Digital solicitándoles una reunión.
El sindicato exige que sea trasvasado el presupuesto de las dos licitaciones a la contratación de puestos de personal público en el marco de programas temporales de empleo y que, a su finalización, estos puestos pasen a integrarse en la estructura de la Administración cuando, como es el caso, persista la necesidad que motivó la aprobación de dichos programas temporales.
CCOO ha asegurado que no va a dejar de denunciar la privatización de los servicios públicos, y emprenderá las acciones sindicales y legales que estime oportunas si no se atienden sus reivindicaciones y se procede a su reversión.
Además, recuerda que a finales del pasado año el sindicato denunció dos licitaciones de la Consejería de Fomento también por la contratación de servicios que dio lugar a movilizaciones en todas las brigadas de carreteras de las provincias. "Los compañeros a los que representamos están muy enfadados con estas cuestiones porque es un menosprecio tanto al servicio como a la prestación a la ciudadanía", han avisado.
