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TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que entrará en vigor dentro de un mes. Entre otras medidas incluye la obligatoriedad de que los presupuestos regionales, a partir de 2020, destinen un 1 por ciento del PIB a financiar las políticas en favor de la discapacidad.
No obstante, según publica el DOCM y recoge Europa Press, en el marco de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica, todas las obligaciones de las Administraciones Públicas recogidas en la presente ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiéndose por tal la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública conforme a lo previsto en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Esta norma, que consta de 87 artículos agrupados en siete títulos, cinco disposiciones adicionales y nueve disposiciones finales, surge con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
De igual modo, persigue asegurar la transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que afectan a las personas con discapacidad, así como establecer los principios para la protección de los derechos de las personas con discapacidad
En base a esta norma, la Administración Autonómica podrá establecer prestaciones económicas destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y las que pueda otorgar la Administración General del Estado, siempre que la normativa estatal lo permita.
Asimismo contempla que los presupuestos generales de la Junta de Comunidades especificarán los créditos destinados a financiar los centros y servicios de la red pública de atención a personas con discapacidad y a contribuir al desarrollo y mejora de las actuaciones que realicen las Entidades Locales de la región en beneficio de las personas con discapacidad, en los términos establecidos por la legislación básica del Estado y conforme a los criterios de ordenación y planificación de recursos de la Junta de Comunidades.
Las cuentas regionales han de promover las actuaciones que realicen las entidades privadas de iniciativa social dirigidas a la atención de las personas con discapacidad.
Esta Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el pasado mes de noviembre por el pleno de las Cortes por unanimidad de los dos grupos.
