TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
COAG-Iniciativa Rural considera un trato "gravemente discriminatorio" hacia el Gobierno regional que las principales formaciones políticas (Grupos Socialista y Popular) de las Cortes Generales quieran suprimir del borrador de Estatuto de Castilla-La Mancha la referencia a la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el 2015, al tiempo que el Gobierno de la nación anuncie la posible ampliación de dicho trasvase con una nueva canalización que partiría desde el Tajo Medio.
En nota de prensa la organización agraria defendió de que ese posible acuerdo para "mutilar" el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, es una falta de respeto a la voluntad legítima de los castellano-manchegos de que le sea reconocida la preferencia en la utilización de sus propios recursos para el progreso de esta región.
"Una falta de respeto que no han tenido que soportar en el mismo trámite, ni otros ciudadanos, ni otras regiones en cuyos Estatutos se aseguran exclusivamente en beneficio propio reservas intocables de sus recursos hídricos", indicaron.
Desde COAG-IR, indicaron también que el posible nuevo trasvase desde Extremadura "demuestra el desigual tratamiento del Gobierno central con Castilla-La Mancha, que incumple sus compromisos presupuestarios con el Plan Especial del Alto Guadiana".
Así recordaron que dicho plan debería propiciar en los próximos años la restauración ambiental e hidrológica de la Cuenca Alta del Guadiana y el mantenimiento del desarrollo y el progreso económico de la zona en términos de sostenibilidad.
En 2008 el PEAG -al margen de los programas que le son complementarios de Abastecimiento y Saneamiento, de Desarrollo económico y Social y de Modernización y Desarrollo Agrario- tendría que haber dispuesto de 150 millones de euros en adquisición de derechos de agua y medidas de acompañamiento y tener presupuestados otros 178 para el 2009.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha dedicado al PEAG durante el 2008 ni el 10 % de lo que estaba previsto, y en los presupuestos del 2009 aparecen menos de 40 millones de euros, lamentaron.
Según la organización agraria, para Castilla-La Mancha constituye un agravio comparativo intolerable el que para las Cuencas de La Mancha la política hidráulica del Gobierno se oriente hacia la autogestión de sus recursos y al ajuste de la demanda y que para las Cuencas del Levante se planifiquen cuantas estructuras sean precisas para alimentar, con recursos externos y cada vez más lejanos, unas demandas crecientes, insostenibles y en apariencia insaciables.
Por ello, indicaron que ahora, que se están desarrollado los procesos de planificación hidrológica en todas las cuencas, debe quedar absolutamente claro para todos si en esa planificación puede o debe incluirse la variable de los trasvases.
