TOLEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la formalización con Globalcaja de un préstamo por importe de 60 millones de euros, firmado por el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, y el presidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco, en la sede de la consejería de Hacienda.
Romaní ha trasladado al presidente de Globalcaja su agradecimiento por esta operación financiera en unos momentos difíciles para la región y que supone "un paso importante" para que Castilla-La Mancha "pueda iniciar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo", ha informado la Junta en nota de prensa.
Por su parte, el presidente de Globalcaja, Luis Díaz Zarco, ha señalado que este crédito reafirma "el compromiso de la caja con el desarrollo de Castilla-La Mancha y su estrecha colaboración con el Gobierno regional". El presidente de la entidad financiera ha afirmado que Globalcaja quiere ser "cómplice" del Gobierno regional para todos los proyectos que se tienen que ir poniendo en marcha en el futuro, y ha asegurado que "seguirá apoyando al Gobierno a través de todos los mecanismos a su alcance".
Según la Junta, la falta de liquidez es "el principal problema de la economía regional", pues, "debido al elevado déficit público heredado del anterior Gobierno, se han encontrado muchos problemas para financiarse en los mercados".
Sin embargo, esta situación "ha comenzado a cambiar ya que desde el Gobierno central se ha autorizado a la región a endeudarse a largo plazo --una posibilidad que tenía vetada desde hace meses-- gracias a las importantes medidas de ahorro que ha puesto en marcha el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal".
"El Gobierno de Mariano Rajoy ha entendido que Castilla-La Mancha está en la senda de la recuperación y que será capaz de devolver los préstamos y de atajar el grave déficit público que atenaza las cuentas de la región", añade la nota.
A la autorización de endeudamiento a largo plazo se une otra medida "esencial" para revitalizar la economía regional, como es el mecanismo de pago a proveedores al que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha unido voluntariamente y que permitirá afrontar las deudas pendientes por importe de 2.500 millones.
