CIUDAD REAL, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, José Fuentes, anunció hoy que, gracias a la petición efectuada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, los municipios, empresas y particulares de la provincia afectados por la lluvia y las inundaciones de las últimas semanas podrán solicitar las ayudas que establece el Real Decreto-ley 12/2009.
Dicha norma se aprobó con carácter urgente el pasado verano para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales y su plazo de aplicación concluía el 1 de noviembre, por lo que los perjuicios provocados por las riadas en Ciudad Real quedaban fuera de estas líneas de ayuda.
Ante esta situación, una de las primeras iniciativas adoptadas por el Gobierno regional para hacer frente a las pérdidas causadas por las inundaciones fue solicitar la ampliación del plazo de aplicación del Real Decreto-Ley, petición que hizo efectiva el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre, el mismo día en que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, visitó los daños en las localidades del Campo de Calatrava.
Esta misma mañana, desde el Ministerio de Política Territorial se ha puesto en contacto con el presidente regional para confirmarle que la demanda ha sido atendida y que las localidades de la provincia afectadas tendrán derecho a beneficiarse de las medidas para paliar los daños.
José Fuentes ha dado a conocer la noticia después de mantener una reunión con representantes de la organización agraria ASAJA a la que ha asistido también el delegado de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Chico.
Según el representante del Ejecutivo regional, el encuentro ha servido para hacer una primera estimación de las pérdidas en cultivos y plantaciones y de los daños que el agua ha causado a las infraestructuras agrarias, caminos o acequias.
No obstante, tanto Fuentes como los representantes de ASAJA han coincidido que aún es pronto para hacer una valoración correcta de las pérdidas y han acordado mantener el contacto para cotejar la información de ambas partes con el fin de que los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha dispongan de una relación fiel de los daños provocados por las inundaciones.
