TOLEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha destina este año 5,2 millones de euros para financiar el mantenimiento y funcionamiento de 31 centros de atención a personas con diversas discapacidades de la provincia de Toledo, con más de 670 plazas, y que son gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, renovó hoy en la capital regional el acuerdo de colaboración que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con los responsables de la Asociación de Ayuda al Minusválido (Amafi); la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Apace); la Asociación Provincial de Padres con Niños y Adultos con Discapacidad Intelectual (Apanas); la Asociación Provincial de Padres y Amigos de Niños Deficientes Auditivos (Apandapt); el Centro de Capacitación (Cecap); la Asociación Síndrome de Down (Asdownto) y la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Toledo (Cocemfe-Alborada).
Tras la firma de los convenios de colaboración, Lamata resaltó la labor encomiable de las asociaciones sin ánimo de lucro que mantienen abiertos una treintena de centros que permiten con su labor mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales y de sus familias, además de promover su autonomía personal y su inserción social y laboral.
Según Lamata, el objetivo de los convenios es asegurar la tranquilidad de las familias, especialmente de los padres, que deben tener la seguridad de que sus hijos estarán perfectamente atendidos cuando ellos no puedan ocuparse, como se ha comprometido de manera firme el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
"En Castilla-La Mancha tenemos el privilegio de contar con gente magnífica, con un corazón enorme y una voluntad de hierro, que han conseguido en un trabajo de décadas que la región disponga con el esfuerzo de todos, de asociaciones, profesionales, voluntarios y de la sociedad en su conjunto, a través del Gobierno de Castilla-La Mancha, de una red de recursos de atención a las personas con discapacidad ejemplar y que es referencia para el resto de España", aseguró Lamata.
Por su parte, la presidenta de Amafi, María Ángeles del Cerro, y el presidente de Apanas, José Luis Serrano, en representación de las asociaciones firmantes, agradecieron la apuesta del presidente Barreda por las políticas sociales y la colaboración de la Junta de Comunidades para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de sus centros que pretenden ofrecer una atención de calidad, fomentar la autonomía personal y la integración social y laboral de las personas con discapacidad.
Los dispositivos gestionados por estas asociaciones son nueve centros de integración social y laboral (ocho centros ocupacionales y un centro de capacitación) con 312 plazas; dos centros residenciales para personas con discapacidad intelectual, con 81 plazas; tres centros de día, con 82 plazas; cuatro centros de desarrollo infantil y atención temprana, con unas 120 plazas y trece viviendas con apoyo, con 79 plazas.
El consejero estuvo acompañado por el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia, Javier Pérez; el delegado de la Junta en Toledo, Fernando Mora; y el delegado Provincial de Salud y Bienestar Social, Víctor Gómez.
DEPENDENCIA
El consejero, a preguntas de los periodistas, aseguró que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se continuará aplicando por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en la comunidad autónoma.
En ese sentido, señaló que en torno a 30.000 castellano-manchegos son beneficiarios de algunas de las prestaciones recogidas por la ley, que transforma en derecho social lo que antes eran impulsadas de manera voluntaria por las distintas administraciones y que en 2010 se espera que unas 15.000 personas se incorporen como beneficiarias de esta norma.
Por último, Lamata destacó que distintos informes sobre la aplicación de la norma en España, que debe desarrollarse entre 2007 y 2015, sitúa a Castilla-La Mancha entre las primeras comunidades autónomas que están ejecutando de una manera más coherente y equilibrada esta norma, con un calificación de ocho sobre diez en este apartado.
