Presentarán una iniciativa parlamentaria para limitar el salario máximo en el sector público
MADRID/TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en la sede de su partido que en los próximos días presentarán una iniciativa parlamentaria para limitar el salario máximo en el sector público, de forma que ningún responsable de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidos los órganos constitucionales, como la Casa Real, los órganos estatutarios de las Comunidades Autónomas, así como los entes locales, tenga un salario superior al del presidente del Gobierno.
"Es necesario y es cada vez más urgente por razones éticas y estéticas que se regule un salario máximo interprofesional al igual que está regulado en este caso un raquítico salario mínimo interprofesional", ha considerado Lara.
El líder de IU ha indicado que su formación ha presentado cuatro iniciativas parlamentarias a este respecto en los últimos dos años y que sólo se ha discutido una de ellas referente al sector privado. Según Lara, el Gobierno la rechazó aduciendo la imposibilidad de legislar sobre lo que afectaría a la libertad de las partes a la hora de contratar.
Ahora la formación insta al Ejecutivo a que legisle en lo que respecta a la función pública. Además, en lo que respecta al sector privado, IU propone que se vinculen las subvenciones y los incentivos fiscales a la limitación de los salarios más altos, así como que las empresas que soliciten la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) apliquen también este criterio.
En concreto, la propuesta de IU contempla limitar las retribuciones que perciban los empleados públicos, el personal directivo del sector público y los cargos públicos electos, de confianza o de libre designación, estableciendo como máximo la retribución aprobada anualmente para el presidente del Gobierno en la Ley de Presupuestos del Estado (78.185,04 euros para 2011). "Ni un salario por encima del que tiene el presidente del Gobierno", ha resumido Lara.
INCOMPATIBILIDAD DE SALARIOS PÚBLICOS
IU también propone establecer la incompatibilidad en la percepción de retribuciones como cargo público y las procedentes de cualquier partido político, asociación, sindicato o entidad religiosa y las fundaciones, instituciones y organismos dependientes o vinculados a los mismos. Según Lara, los casos de la secretaria general del PP, presidenta de ese partido en Castilla-La Mancha y senadora, María Dolores de Cospedal, y los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González constituyen "ejemplos evidentes de que se requiere esa regulación".
En cuanto al sector privado, IU aboga por excluir a las empresas en las que al menos uno de sus directivos perciba retribuciones anuales superiores a 12 veces la retribución anual más baja por jornada completa de concesiones de ayudas, subvenciones, exenciones, desgravaciones, ayudas fiscales y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de las Administraciones Públicas. De este modo, se evitaría que las subvenciones públicas pudieran ir a financiar "salarios exagerado", ha señalado, el responsable de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García Rubio.
Asimismo, IU plantea establecer como requisito para la aprobación de un ERE o para la aceptación de que existen causas que justifiquen la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o el descuelgue de lo acordado en el convenio colectivo, a tenor de lo establecido por la reforma del mercado de trabajo, que las retribuciones de los directivos no sean superiores a 5 veces las retribuciones anual más baja por jornada completa. Con ambas propuestas, según García Rubio, IU asume el reto planteado por el Gobierno y le plantea "elementos sobre los cuales sí puede legislar".
IU contempla que todo ello se ponga en vigor a partir del día siguiente a las elecciones del 22 de mayo, en lo que respecta al ámbito local y autonómico, salvo en las comunidades autónomas donde no habrá elecciones el 22-M, en cuyo caso la entrada en vigor tendría lugar a partir del día siguiente a sus comicios; y a partir del 1 de enero en lo que respecta a la Administración General del Estado.
Al margen de esta propuesta, Lara ha considerado que "tal vez habría que tipificar como delito que las empresas que tienen beneficios continúen despidiendo a los trabajadores".
Cayo Lara ha dicho que estas medidas contribuirían a "instalar la ética en la sociedad española" y "corregir la sociedad dual que se ha creado con respecto a los salarios", tanto en lo referente al sector público como al privado. "Veremos la voluntad del Gobierno y de los partidos que están en el arco parlamentarios, que ojalá sea positiva", ha agregado.
MANIFESTACIÓN 20 DE MARZO
Por otra parte, ha vuelto a denunciar la "política de recortes sociales" del Gobierno y a llamar a la movilización de cara a la manifestación que ha convocado para el próximo día 20 en Madrid, "contra las políticas del Gobierno y los partidos que le apoyan".
A este respecto, ha criticado que el Gobierno español haya sido "casi el primero de la clase" en apoyar el Pacto del Euro, que, a su juicio, "es una vuelta de tuerca más a los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras".
