TOLEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha pedido "no generar alarma social" por el incendio declarado en una empresa de reciclaje de Chiloeches (Guadalajara) y confiar más en la labor de los técnicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que descubran quiénes son los culpables de estos crímenes contra el medio ambiente y que cuestan mucho dinero a los castellano-manchegos a la hora de extinguirlos".
Así ha reaccionado Hernando a las críticas lanzadas desde colectivos ecologistas sobre la calidad del aire en la zona. De este modo, ha recordado que se realizaron unas maniobras inmediatas para establecer diques de contención para que ningún tipo de vertido pudiera llegar al río y que "rápidamente" se trasladaron las unidades móviles de medición de calidad del aire y siguen en marcha las mediciones fijas en Azuqueca de Henares y Guadalajara.
Asimismo, ha advertido de que la investigación judicial y policial será la que determine cuáles son los motivos que hay detrás de incidentes como el de Seseña o el de Chiloeches.
Igualmente, ha aprovechado para informar de que la extinción se encuentra en estado "muy avanzado" y que simultáneamente se siguen llevando a cabo la recogida de residuos. Esta noche han trabajado 77 efectivos en la zona y, según ha indicado, "las estaciones de medición de calidad del aire no dan ningún tipo de resultado alarmante". Además, "los diques están funcionando perfectamente y se están retirando los residuos con cisternas".
También ha señalado que las declaraciones de José Julián Gregorio "no son dignas de un delegado del Gobierno en España" porque "en vez de ensalzar la labor de los equipos de extinción de incendios y recogida de residuos intenta decir si es culpa de unos u otros".
BECERRADA DE VALMOJADO
Hernando también, preguntado al respecto, se ha referido a la denuncia administrativa ante la Junta de Castilla-La Mancha que la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha interpuesto por "presunta vulneración de la normativa vigente" en el desarrollo de la becerrada de Valmojado (Toledo) realizada en agosto 2016.
Sobre esta cuestión, ha dicho que "si los tribunales tienen que actuar de oficio que actúen", recalcando que "la legislación ya existe".
