Exige que la región tenga el mismo peso decisivo que el Estado en las confederaciones hidrográficas cuando afecte a sus intereses
"Habrá un momento en que no haya agua para trasvasar del Tajo-Segura porque tendrá usos prioritarios en Castilla-La Mancha y en Madrid"
TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS)
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, anunció hoy que existe "sintonía" y "receptividad" en el Gobierno central para otorgar a la región "capacidad de veto" en los órganos de gestión del agua, tal y como viene reclamando el presidente, José María Barreda, de cara a la reforma del Estatuto castellano-manchego de Autonomía. Concretamente, Lamata precisó que la filosofía que se debe trasladar al Estatuto en este sentido es que la región tenga el mismo peso decisivo que el Estado en la confederaciones hidrográficas cuando se vean afectados sus intereses como cuenca cedente, como en el caso del trasvase Tajo-Segura.
Así lo manifestó en una entrevista concedida a Europa Press, en la que dejó claro, en primer lugar, que en el debate del agua hay que tener en cuenta el marco internacional europeo y sus directivas, así como la normativa española, porque, recordó, la gestión de este recurso debe ser integral. Explicó que en España, al l existir cuencas intercomunitarias, el Gobierno nacional debe garantizar los mismos derechos constitucionales a todos, y mantener su "margen de maniobra legislativo y ejecutivo".
No obstante, Lamata matizó que, en este escenario, Castilla-La Mancha también "tiene sus argumentos", ya que después de años de desarrollo autonómico, la región ha adquirido competencias en urbanismo, agricultura, medio ambiente, y desarrollo industrial; materias que implican otros usos de desarrollo económico pero que necesitan el agua, y donde, no obstante, la Comunidad "no puede tomar decisiones", sino que las adopta el Estado a través de las confederaciones.
El vicepresidente quiso dejar claro que se ha avanzando mucho desde el acuerdo del pasado 14 de marzo con el Gobierno central en el que "por primera vez se pone fecha de caducidad al trasvase", al "reconocerse el derecho de Castilla-La Mancha a utilizar" el agua del Tajo-Segura. Para ello, refirió, se tomaron decisiones destinadas a ejecutar infraestructuras que implicaran su aprovechamiento.
En opinión de Lamata, con este proyecto de infraestructuras, y al tener prioridad la cuenca cedente sobre la receptora, "habrá un momento en que no haya agua para trasvasar" porque "todo ese recurso tendrá usos prioritarios en Castilla-La Mancha y en Madrid".
C-LM QUIERE "CONDICIONAR DECISIONES".
Precisamente, explicó que éste es el planteamiento que se quiere trasladar al Estatuto, de forma que la Comunidad sea "determinante" en el uso del agua y en sus órganos de gestión. "Si Castilla-La Mancha entiende que hay procedimientos y decisiones que no son compatibles con sus intereses como cuenca cedente, debe tener capacidad de manifestarlo y de condicionar esas decisiones", demandó.
De hecho, habló de la necesidad de que la región disponga de "capacidad de veto", de "influencia determinante" o de "cogestión" en la construcción "positiva" de las políticas que perjudiquen el desarrollo de Castilla-La Mancha, aunque "siempre de acuerdo con la Constitución, la Ley española y las directivas europeas". Según apuntó, esta capacidad de veto estaría amparada por la legislación española.
El vicepresidente señaló que con este objetivo se pretende que la opinión de la región no sea "una posición minoritaria que se diluye entre las demás" para que "la decisión fundamental la tome el Gobierno". Por el contrario, pidió que Castilla-La Mancha tenga "el mismo peso decisivo" que el Estado "en las decisiones que nos afecten, con arreglo a la ley".
Y además, informó de que, en este sentido, la Junta ha mantenido conversaciones con el Gobierno de España y "hemos encontrado sintonía y receptividad para obtener esa capacidad". Agregó que con esa facultad de codecisión, las derivaciones del Tajo al Segura de los últimos años no se habrían producido, porque "nuestros argumentos para impedirlo hubieran valido tanto como las de los técnicos del Ministerio de Agricultura".
COMPARANDO TRASVASES.
Sobre esta última cuestión, Lamata diferenció no obstante entre los trasvases en torno a los 600 hectómetros cúbicos que se aprobaron durante gobierno de José María Aznar, y los últimos del pasado año, de bajas cantidades.
Interpretó que, frente a una situación de dificultad debida a la sequía, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha sido "más sensible",actitud que comparó con la del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, quien "ha vuelto a decir que defiende el trasvase Tajo-Segura, como demostró el PP trasvasando de forma inmoderada". Tras lamentar esta postura, mostró su deseo de que al menos los 'populares'' de Castilla-La Mancha sean "capaces de tener autonomía y oponerse a su partido", como "nosotros nos hemos opuesto en esta materia a los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero".
El vicepresidente primero argumento que, con esta postura, la Junta ha sido capaz de transmitir al Gobierno de España, de forma "documentada, machacona y tensa", la importancia de "defender nuestras posiciones", lo que "ha ido calando en la filosofía del Ejecutivo central, contraria a los trasvases". Lo que queda por discutir, subrayó Lamata, es "el proceso para hacer que esa infraestructura llegue a su fin".
"El agua es oro", enfatizó, recalcando que además, hay mucho trabajo que hacer en operaciones de gran calado como el consumo urbano y el uso agrícola, así como en el impulso a las políticas de regadío que modernicen sistemas de aprovechamiento del agua, y a las acciones de conservación y mejora de la naturaleza. "Es todo un complejo de actuaciones que tanto el Gobierno Zapatero como el de Castilla-La Mancha, tenemos bien claro", concluyó.
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