ALBACETE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar el este lunes 25 de enero a ocho personas, acusadas de un presunto delito de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales, por el que el Ministerio Fiscal pide penas que van de los 13 años para uno de ellos, que se enfrenta también a una multa de 600.000 euros a cuatro años de cárcel para cuatro.
Los otros tres se enfrentan a cuatro años y medio de prisión dos de ellos y a 7 años, y multa de 600.000 euros también, el octavo de los acusados.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, "ante la insistencia de indicios racionales" de que dos de los acusados se dedicaban al tráfico de drogas desde, al menos, el año 2013, se estableció un dispostivo policial de vigilancia.
Así, sobre las 12.30 horas del 4 de julio de 2014 se constató una entrega en el interior de un parking en la que participaron algunos de los acusados, de lo que resultó ser cocaína y que habría tenido un valor en el mercado ilícito de 3.600 euros.
Al existir indicios de que esos acusados pudieran haber adquirido ese mismo día una importante cantidad de droga para venderla a terceros, se procedió al registro, con orden judicial, de la vivienda y los dos establecimientos de hostelería, dos pub, de los que era propietario el acusado J.L.V.P.
En esos registros se halló material para el tratamiento de sustancias estupefacientes, como prensas, básculas de precisión, moldes, molinillos o bolsas de congelación y droga. Según el escrito, la cocaína intervenida arrojó un peso neto total de 3.732,44 gramos, que habría alcanzado un valor ilícito de 274.952,97 euros y que los dos principales acusados pretendían vender.
A los otros cinco acusados, respecto a los que también se practicaron registros autorizados, se les encontraron también diversas cantidades de dinero en metálico procedente de la venta de droga, así como material de elaboración, corte y tratamiento de la misma.
Uno de los acusados, I.G.H., constituyó junto al principal encausado, una sociedad mercantil con la finalidad "de tratar de ocultar el dinero ilícito" que obtenía del tráfico de drogas el principal acusado.
A través de la referida sociedad, J.L.V.P. también explotaba los establecimientos de hostelería que tenía en la capital, camuflando de esta forma el origen ilícito del dinero que obtenía del tráfico de cocaína.
