TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto jugar el próximo miércoles, 3 de febrero, a las 10.00 horas, a D.T.O, de 27 años, acusado de un delito de abuso sexual continuado de una menor de trece años y un delito de posesión de pornografía infantil, para el que piden una pena de once años de prisión por el primer delito y nueves meses por el segundo.
Según consta en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, y que recoge Europa Press, solicita para el acusado la prohibición de aproximarse a la víctima por un periodo de dieciocho años por cualquier medio.
El acusado, según describe el fiscal, en fechas próximas al verano de 2013, entabló amistad con la víctima, a través de su hermano menor, cuando esta tenía en ese momento once años de edad, conociendo tal circunstancia el acusado.
Aprovechando la diferencia de edad que les separaba y la inmadurez de la misma, según señala el Ministerio Fiscal, el acusado fue seduciendo progresivamente a la menor, de modo que iniciaron una relación de noviazgo en el curso de la cual, con ánimo lúbrico, convenció a la víctima para mantener relaciones sexuales, logrando su propósito en febrero de 2014, cuando esta tenía once años.
Tal y como indica el fiscal, a partir de ese momento y aprovechando los momentos en que pudieron hallarse a solas, mantuvieron relaciones sexuales completas de manera periódica hasta comienzos de 2015, momento en el que la menor decidió cesar la relación que les unía unilateralmente.
En el curso de la relación de ambos, la menor, a requerimiento del acusado, le envío a través de la aplicación whatsApp de su teléfono móvil, numerosas fotos de sus órganos genitales explícitamente y de ella desnuda, imágenes que el acusado destinó a un uso estrictamente personal.
El Ministerio Fiscal explica que la menor no presenta secuelas psicológicas, traumáticas, psíquicas ni en su rendimiento escolar que puedan atribuirse causa-efecto con los hechos vividos.
El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde marzo de 2015, para quien el Ministerio Público también solicita la medida de libertad vigilada con una duración de ocho años.
