TOLEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Mejorar la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al nuevo modelo de Oficina Judicial, superando las deficiencias actuales derivadas del crecimiento de población y el aumento de litigiosidad, hace necesaria la construcción de 11 nuevos edificios judiciales y la reforma integral de, al menos, otros 10 inmuebles ya existentes en la región.
Así se refleja en las conclusiones del grupo de trabajo constituido durante los pasados meses de junio y julio para elaborar el cuarto eje estratégico del Plan de Justicia de Castilla-La Mancha, según informó la Junta en nota de prensa.
Según dichas conclusiones, cuatro de las nuevas infraestructuras judiciales deben construirse en la provincia de Toledo, el Instituto de Medicina Legal de Toledo y los edificios judiciales de Talavera de la Reina, Torrijos e Illescas. En Albacete deben construirse la Ciudad de la Justicia, el Instituto de Medicina Legal de Albacete y el edificio judicial de Casas Ibáñez.
En la provincia de Ciudad Real se considera necesario construir dos nuevos edificios judiciales en Tomelloso y Almagro. En Guadalajara debe iniciarse también la construcción de los nuevos juzgados, mientras que en Cuenca tienen que concluir las obras, ya en ejecución, del nuevo inmueble judicial.
En cuanto a edificios ya existentes, el Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha establece que son al menos 10 los que deben someterse a una reforma integral, como las Audiencias Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y los juzgados de San Clemente y Motilla del Palancar (Cuenca), Manzanares y Puertollano (Ciudad Real), Orgaz y Ocaña (Toledo), y Villarrobledo (Albacete).
Durante las reuniones del grupo de trabajo que ha analizado las necesidades de infraestructuras judiciales y equipamientos en Castilla-La Mancha para mejorar y modernizar la Administración de Justicia, el Gobierno regional invitó a los operadores jurídicos participantes a diseñar la distribución de servicios y dependencias en los nuevos edificios judiciales, con el fin de hacerlos más operativos y funcionales.
El objetivo general de este cuarto eje del Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha fue realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los inmuebles judiciales de nuestra región y decidir qué reformas son necesarias para adaptar los edificios a la normativa vigente, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y accesibilidad, así como para su adecuación al nuevo modelo de Oficina Judicial, que entrará en vigor en el año 2010.
En el grupo de trabajo, cuya labor ha sido coordinada por el director general de Justicia, Miguel Marcos Ayjón, han participado el magistrado del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Albacete, César Monsalve; el teniente fiscal de Castilla-La Mancha, Antonio Pablo Rives Seva; y la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo, María José Díaz Feiras.
También han formado parte de este grupo de trabajo: el secretario judicial coordinador provincial de Cuenca, Francisco Antonio Bellón; el secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, José Pedro Rubio; el gerente territorial de Justicia, Luis Miguel Fresneda; las médicos forenses Carmen Martín Parra y Mónica Casillas; y los representantes sindicales Pascual Díaz, de CCOO, Vicente Pozuelo, de UGT; y Juan Martín de la Puerta, de CSI-F.
