TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha criticado este viernes que el informe de los servicios jurídicos de las Cortes regionales sobre la votación de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la región "no se basa en jurisprudencia" ni hace "un análisis exhaustivo" de lo que sucedió durante esa sesión plenaria, y van a solicitar a sus propios servicios jurídicos que lo estudien antes de emitir una respuesta al mismo.
Así lo ha adelantado en rueda de prensa la portavoz regional del PP, Carmen Riolobos, que ha comentado que esa jurisprudencia "o no la hay o --los servicios jurídicos del Parlamento-- no la han investigado porque no les convenía".
A juicio del PP, la conclusión de ese informe --que se debería fijar un orden del día para reanudar el pleno y votar (exclusivamente) el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre ese Proyecto de Ley-- "no tiene sentido", ya que la sesión no se suspendió y un pleno "se reanuda si se suspende".
Por ello, los 'populares', que deben emitir, como el resto de los grupos parlamentarios, su parecer con el informe en la Junta de Portavoces convocada el próximo lunes, van a esperar a lo que les comuniquen sus propios juristas para actuar en consecuencia, ya que el informe les "levanta ciertas sospechas y preguntas".
SEGUNDA CACICADA
Riolobos ha incidido en que lo que ocurrió "fue una cacicada" y ha asegurado que en ese sentido los informes de los servicios jurídicos les dan "la razón". No obstante, y al margen de lo que digan sus propios juristas, el PP se reserva "el derecho de hacer las acciones legales que correspondan", ha subrayado.
Asimismo, ha confiado en que no se repita "una segunda cacicada", ya que el PP teme que "van a intentar tapar ese pleno extraordinario que se tiene que convocar para votar lo que no votaron haciendo dos plenos a la vez, el ordinario y el extraordinario" y los 'populares' no verían "razonable" que se intentara "ocultar semejante bochorno" haciendo dos plenos a la vez.
Finalmente, ha responsabilizado al presidente regional, Emiliano García-Page, de ser quien "embarulló el asunto y obligó a que el presidente cometiera una irregularidad, como dicen los informes jurídicos", convencida de que "lo sensato y razonable sería dejar el tema de impuestos como está".
