MADRID/TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha abogado en el Congreso de los Diputados por dejar trabajar a la Fiscalía en el caso de Caja Castilla La Mancha (CCM) y ha sostenido que con la integración de la entidad en Cajastur se consigue preservar la viabilidad del negocio bancario.
En la sesión del control al Gobierno, Salgado indicó que la operación se está realizando a través de un proceso "absolutamente normalizado" que cuenta con la participación de actores de credibilidad acreditada como el Banco de España o el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
"Los planteamientos y procedimientos son los que son. Si tiene algo tangible que plantear, hágalo donde corresponda y deje de dar la lata cone este asunto", le espetó Salgado al diputado del PP Ramón Aguirre Rodríguez, que acusó al Gobierno de "tener mucha prisa por tapar la orgía crediticia" que provocó las dificultades de CCM.
Asimismo, la vicepresidenta segunda consideró "chocante" y sin datos que la sustenten la afirmación del diputado 'popular' de que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, "se siente incómodo" en el instituto emisor por errores "provocados por otros" y que son desvelados por los técnicos de la institución que "empiezan a presionarle".
Aguirre arrancó su intervención en el pleno argumentando que el anterior equipo gestor de Caja Castilla-La Mancha (CCM), intervenida en 2009 por el Banco de España, ha provocado unas pérdidas en la entidad de 305 millones por sus operaciones especulativas en Inmobiliaria Colonial.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y los antiguos gestores de la entidad por presuntos delitos de fraude y administración desleal por su gestión,
La investigación de Anticorrupción se inicia a instancias de la Fiscalía General del Estado tras recibir un informe elaborado por los inspectores del Banco de España, en el que se describen las presuntas irregularidades en la gestión que podrían haber cometido los antiguos directivos.
