TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS)
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en una sentencia del 24 de enero de 2006, ha dado la razón, nueve años después y tras años de litigios, al ex presidente del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo y ahora presidente del Grupo Popular de la Diputación, Ángel Pedro Aguado, sobre la constitución en el año 1997 de la empresa Gestión Medioambiental de Toledo (GESTMAT).
Esta empresa se caracteriza por ser una sociedad de economía mixta, destinada a la gestión del servicio, tratamiento y eliminación de residuos sólidos-urbanos en el ámbito de los más de 180 municipios integrados en el Consorcio.
El fallo actual casa y anula la sentencia dictada el 26 de julio de 2000 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y desestima el recurso contencioso administrativo 1973/97, interpuesto por el Grupo Socialista de la Diputación de Toledo por considerar ajustada a derecho la resolución de 31 de julio de 1997, del Pleno del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales, que en el citado recurso administrativo se impugnaba.
Los hechos se remontan a julio de 1997 cuando el Pleno del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales acordó, por mayoría, adjudicar el concurso selección de un socio-privado para la constitución de una sociedad de economía mixta, destinada a la gestión del servicio, tratamiento y eliminación de residuos sólidos-urbanos de la provincia de Toledo.
Así, el 19 de septiembre de 1997 el Grupo Socialista de la Diputación presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de selección del socio-privado, y presentó una moción en el Pleno de la Diputación donde pedían el cese del presidente del Consorcio.
Tres años después, en el año 2000, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha falló a favor del recurso presentado por el Grupo Socialista, sentencia a la que el Consorcio, unos meses más tarde, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General del Consorcio, con mayoría de representantes del Partido Socialista, pidió la dimisión del presidente del Consorcio, dimisión que por aquel entonces no se produjo.
Según explicó Ángel Pedro Aguado, desde la Presidencia del Consorcio se afirmó que la selección del socio-privado se había hecho siguiendo los informes de los técnicos competentes, y que la sentencia estaba recurrida y por tanto el fallo no era firme.
ACUSACIONES MUY DURAS
El presidente del Grupo Popular de la Diputación, en rueda de prensa, explicó que hace pública la sentencia porque "era de justicia hacerla conocer", puesto que en aquellos momentos "tuve que soportar acusaciones muy duras y graves".
En este sentido, apuntó que se alegra "enormemente" por los técnicos, porque el Tribunal Supremo les ha dado la razón, y ha ratificado que las cosas se hicieron bien, conforme a derecho.
Finalmente, dijo que a pesar de que "en varias ocasiones lo pasé mal, por los ataques recibidos de forma injusta", simplemente "espero que por quién corresponda y en el ámbito que proceda sepan pedir disculpas".
ACCIDENTE LABORAL.
De otro lado, a preguntas de los medios, sobre los accidentes laborales ocurridos en GESTMAT, Aguado señaló que los accidentes que puedan sufrir trabajadores de esta empresa "no tienen que ver con la calidad y la bondad de la prestación del servicio".
"Los accidentes son accidentes, se pueden deber a muchas causas. Las condiciones de seguridad e higiene por lo que conocemos se cumplen rigurosamente", concluyó.
