Aprobada una adenda al acuerdo marco de Servicios Sociales con ocho millones más para ayudas de emergencia

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la suscripción de una nueva adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales para reforzar la financiación destinada a las entidades locales para ayudas de emergencia con ocho millones de euros adicionales en los ejercicios 2021 y 2022.

El Acuerdo Marco de cofinanciación de los equipos de acción social básica y programas de Servicios Sociales es la herramienta de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo autonómico y las corporaciones locales para la financiación de las políticas y prestaciones de carácter social, que garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención y protección de las personas más vulnerables.

El 5 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la concesión de un conjunto de subvenciones por un importe global de 448 millones de euros --para su distribución en las anualidades de 2020, 2021, 2022 y 2023--, dirigidas a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para hacer frente a los gastos derivados de los programas y actividades en materia social desarrollados por estas entidades dentro del Acuerdo Marco.

Desde entonces, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha ido aprobando sucesivos incrementos en la financiación a las corporaciones locales -tanto a través del Acuerdo Marco, como de fondos extraordinarios COVID- para atender las necesidades emergentes derivadas de la emergencia sanitaria, primero, y después de la social.

Así, se elevaron los fondos para reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y la teleasistencia y asegurar los cuidados y la seguridad de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia; para atender necesidades básicas de las familias y garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares; para intensificar la ayuda a domicilio; para incrementar la plantilla de los Centros de Acción Social (CEAS), y finalmente para mejorar los programas y servicios de conciliación, entre otros.

INYECCIÓN ADICIONAL

Ahora, el departamento que dirige Isabel Blanco ha aprobado una inyección adicional de ocho millones de euros --cuatro este mismo año y otros cuatro en 2022-- destinada a reforzar la dotación de las ayudas de emergencia para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y, en particular, a la subida del precio de la electricidad.

Con la nueva partida autorizada este jueves, el presupuesto total del Acuerdo Marco de Servicios Sociales alcanza una cifra de casi 530 millones de euros para el periodo 2020-2023.

Las ayudas de emergencia social se enmarcan en la Red de Protección a las familias, que el año pasado, en plena crisis sanitaria, ofreció cobertura a 384.000 personas, más del doble que en 2019 (con 175.000 beneficiarios).

Dentro de este paraguas protector, las ayudas de emergencia absorbieron casi 4,3 millones de euros el pasado año y una parte importante de esta cuantía, 1,25 millones, se destinó a las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, con las que casi 3.000 familias pudieron afrontar el pago de la luz, el gas o el agua, entre otros.

Este conjunto de medidas se completa, en segundo término, con la ayuda directa y extraordinaria de 130 euros que ya ha abonado la Junta a los consumidores vulnerables severos de la Comunidad. Alrededor de 45.000 familias han recibido esta ayuda para pagar el incremento de la factura de la luz y la calefacción.

En tercer lugar, tal y como avanzó el presidente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reforzado los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad, con la finalidad de evitar el corte de los suministros a las familias más vulnerables o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos.