Del total de propuestas de resolución aprobadas nueve se dirigen al Gobierno central y 24 son acciones que deberá desarrollar la Junta
VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves 33 propuestas de resolución al Debate de Política General que arrancó ayer en el Parlamento regional y de las que 30 son del PP, dos del Grupo Mixto y una del PSOE que ha sido consensuada y relativa a materia de becas.
Las becas universitarias ha sido el acuerdo más relevante de los alcanzados como consecuencia del Debate de Política general, ya que los grupos parlamentarios con representación en las Cortes han acordado dar un "vuelco total" a las política de becas para dar cubrir la demanda de todos los estudiantes que se han visto perjudicados por la Ley Wert, al tiempo que reclamarán a la Junta el compromiso de agilizar el ingreso de las ayudas aprobadas.
En concreto, con este acuerdo se cubrirá la solicitud de beca de todos los estudiantes de los centros universitarios de Castilla y León que cumplan con los requisitos sin dejar a nadie fuera de la convocatoria. Así, la primera parte del acuerdo se centra en otorgar beca a los estudiantes cuyas familias cumplan las condiciones económicas que se determinen y están dentro de los requisitos académicos establecidos para los alumnos de nuevo ingreso -tener una nota de cinco en Castilla y León frente al 5,5 estatal--.
Así, y como especificidad exclusiva en la Comunidad para los solicitantes de segundo y posteriores cursos bastará con haber aprobado el 90 por ciento de los créditos en las ramas de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales; el 80 por ciento en las de Ciencias y Ciencias Sanitarias y un 65 por ciento en las enseñanzas Técnicas independientemente de la nota media.
El acuerdo alcanzado este jueves en las Cortes y que ha surgido tras el Debate de Política General incluye también que los recursos sobrantes tras la concesión de todas las becas se utilicen para complementar las cuantías recibidas por el grupo de becados por el Estado que tengan una renta y un patrimonio más bajos.
Por último, se establece el compromiso de introducir los cambios que sean necesarios para agilizar las ayudas de la Comunidad y que estas puedan resolverse al comienzo del correspondiente ejercicio presupuestario.
OTRAS PROPUESTAS
Asimismo, el PP también ha respaldado una propuesta de IU, aunque, como ha destacado el viceportavoz de los 'populares' en las Cortes, las acciones desarrolladas por la Junta "van más allá" de la propuesta del Grupo Mixto que pasa por pedir al gobierno la modificación normativa necesaria para evitar que la Cultura sea un artículo "de lujo", para lo que se rechaza "frontalmente" el IVA cultural en el 21 por ciento.
Por último se han aprobado todas las propuestas planteadas por el PP. Así, en lo relativo al crecimiento económico se establece endurecer el cumplimiento de normas tributarias y de lucha contra el fraude fiscal, establecer un marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras y reclamar una comisión bilateral con el Gobierno de España sobre los convenios de los Fondos Miner.
En materia de empleo se aboga por trabajar para la integración laboral de personas con discapacidad, fomentar el empleo y la competitividad en cooperativas y sociedades laborales y avanzar en la inserción laboral de colectivos prioritarios.
En cuanto a los servicios públicos, además del programa de becas, se ha aprobado impulsar el programa de transferencia de conocimiento universidad- empresa y ahondar en la intregración del as TIC en el sistema educativo.
Asimismo se establece el compromiso de atender a menores con problemas de desnutrición en el ámbito familiar y en el ámbito sanitario llevar a efecto un Plan Renove de equipamiento tecnológico sanitario, incorporación de personal a hospitales y centros de salud y la progresiva implantación de atención a los largos supervivientes oncológicos.
Por último, en cuanto a ordenación del territorio se ha aprobado la regulación de la organización y funcionamiento de las mancomunidades de interés general, la puesta en marcha de la normativa necesaria para establecer la cartera común y homogénea de competencias y funciones de las mancomunidades de interés general rural y la relativa a las áreas funcionales estables.
