VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria en los municipios de Herrín de Campos, Villafrades de Campos y Villalón de Campos (Valladolid), Boadilla de Rioseco (Palencia) y Ferreruela de Tábara (Zamora), en las que se invertirán 2,8 millones de euros.
Las obras aprobadas hoy permitirán mejorar la movilidad en estas zonas y reducir los costes de las explotaciones ubicadas en ellas.
Con la nueva distribución de la propiedad se estima un beneficio medioambiental muy notable con una reducción de más del 25 por ciento en las emisiones de CO2, respecto a la situación anterior a la concentración, teniendo en cuenta que se prevé un ahorro del 26 por ciento del gasto de gasoil en las concentraciones de secano.
Con esta contratación se habrán iniciado procesos de ejecución de obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en 55.088 hectáreas, lo que supone el 36,73 por ciento de las hectáreas del compromiso de legislatura.
Las concentraciones parcelarias favorecen la integración ambiental del territorio y la preservación de los paisajes, ya que en todos los procesos, además de cumplir estrictamente los condicionantes ambientales de las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, se hace un proyecto de restauración ambiental.
Además, con la nueva distribución de la propiedad se produce un ahorro de combustible importante, debido a la reducción de distancias recorridas y a la regularidad geométrica y tamaño de las parcelas. Se ha estimado en un ahorro del 26 por ciento del gasto de gasoil en las concentraciones de secano, que supondrá una reducción de más del 25 por ciento en las emisiones de CO2, respecto a la situación anterior a la concentración.
Por último, y como consecuencia de la intensificación de los cultivos y de la creación de superficies plantadas en terrenos de restauración del medio natural, se incrementará la captación de CO2 en cifras variables en función de los cultivos implantados.
En la legislatura actual se prevé ejecutar obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en una superficie de, al menos, 150.000 hectáreas. A fecha actual se han licitado ya las obras correspondientes a 55.088 hectáreas, lo que supone el 36,73 % de las hectáreas comprometidas.
