Remite un documento con 19 aportaciones para la Ley por el Derecho a la Vivienda Digna que prepara el Gobierno
VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Valladolid ha remitido un documento al Gobierno de España un documento con aportaciones al trabajo que se lleva a cabo para la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda Digna, con mayor protagonismo para el alquiler y con el compromiso de profundizar en su labor municipal en estas políticas, al tiempo que pondrá en marcha un observatorio para identificar la infravivienda y una oficina única para centralizar información de todas las administraciones sobre este ámbito.
Asó lo ha explicado este lunes el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, que ha presentado a los medios de comunicación este documento con aportaciones sobre 19 puntos para la futura ley estatal y que se incorporarán, a su vez, al nuevo plan de vivienda en el que trabaja el equipo de Gobierno municipal para el período 2021-2025.
La nueva legislación, ha recalcado Saravia, "debe garantizar de forma eficaz el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda, incluso en esta situación", y este derecho constitucional es el que invoca el Ayuntamiento de Valladolid en el documento que ha remitido al Gobierno de España "por responsabilidad", por lo que puede aportar la entidad municipal vallisoletana y también por lo que pueda repercutir la nueva ley en el siguiente Plan de Vivienda.
De hecho, Saravia ha destacado que al igual que en sus propuestas para la ley estatal la apuesta es "clara" por garantizar la vivienda digna sobre todo a través del alquiler social, el futuro plan profundizará en estas políticas que ya se han puesto en marcha en Valladolid desde iniciado el pasado mandato municipal.
El concejal ha destacado que el planteamiento de la nueva ley estatal es "ambiciosa", al igual que la inversión, pues señala que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 "multiplica por cinco" la cantidad que se destinaba este año a políticas de vivienda.
Saravia ha apuntado que en el nuevo Plan municipal quiere ser también "ambicioso" y ha añadido aparecerán números con el objetivo que se marca el Ayuntamiento para el parque de vivienda de alquiler social que quiere conseguir en el periodo 2021-2025, cuál es la inversión que entre las administraciones municipal, autonómica y el estado puede dedicar a vivienda en estos cuatro próximos años, y por último el compromiso "hacer todo lo posible por que ningún hogar de la ciudad se quede sin acceso a la vivienda"
El concejal de VTLP ha recordado que en el año 2015, a su llegada a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, el parque público de vivienda social era de unos "doce" pisos, y actualmente cuenta con unos 150. A ello se suman los 50 inmuebles integrados en el programa de alquiler de viviendas vacías denominado ALVA.
"SE DEBE CONTROLAR EL PRECIO DEL ALQUILER"
Saravia ha recordado que ese programa de alquiler municipal fija un precio máximo (5 euros el metro cuadrado) y se ha mostrado partidario, ante la "polémica" existente, de "controlar el alquiler" algo que recuerda que se hace en "muchas ciudades en Europa y el Mundo", y que en su opinión es "útil" debido a que se trata la vivienda es un derecho.
Para el concejal de VTLP, las fórmulas para que las administraciones ejerzan ese control "son muy diversas", y quizás se puede fijar en "áreas o en momentos de tensión en los alquileres". En definitiva, ha recalcado que "ayudaría" que la Ley estableciera algún tipo de limitación al precio.
Otra novedad del nuevo Plan será la puesta en marcha de una oficina única de información sobre vivienda, que unificará datos sobre líneas y ayudas de las distintas administraciones y así se prevé contar con una partida en el Presupuesto municipal de 2021 para reforzar la oficina de información de la Sociedad de Suelo y Vivienda (VIVA).
Además, en materia de "infravivienda", se creará un observatorio municipal que detalle claramente la información que se tiene sobre las zonas con problema de infravivienda en la ciudad, ya que Saravia ha considerado que la definición de infravivienda "no puede ir al alza" y no tendría sentido decir que el 40 por ciento de los hogares tienen este problema.
Otro propuesta de interés que realiza el equipo de Gobierno municipal para su inclusión en la Ley estatal son las políticas de rehabilitación de forma preferente, con programas que ayuden a mejorar el comportamiento energético y la descarbonización de los edificios mediante programas públicos de rehabilitación.
Las propuestas continúan con que la nueva Ley reestudie "al alza", los porcentajes de viviendas de protección pública exigibles en la legislación urbanística, en el desarrollo de nuevas áreas; así como prever mecanismos para que los ciudadanos no pierdan la posibilidad de tenencia y disfrute de su vivienda en caso de insolvencia sobrevenida si se consideran "deudores de buena fe", además de "penalizar o, en su caso, impedir" los desahucios "sin alternativa habitacional de familias vulnerables".
También proponen que la Ley afecte a la legislación urbanística para que se minimicen o eliminen los "saneamientos de áreas", por los que se impulsa la demolición de áreas residenciales completas y en uso total o
parcialmente y establecer medidas normativas para evitar procesos de "terciarización y gentrificación", o de afección de viviendas de uso turístico que afecten al entorno residencial y la buena convivencia de la
población residente.
