VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha asegurado que Castilla y León no cerró antes las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad porque "nadie avisó de las consencuencias" de la pandemia del coronavirus cuyas dimensiones, ha reconocido, eran desconocidas por todos los ámbitos.
Este es uno de los mensajes que ha trasladado Isabel Blanco en su comparecencia este viernes en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en la que ha presentado el 'Informe sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León' elaborado por su departamento en cumplimiento del Pacto por la Recuperación de la Comunidad Autónoma que fijó el mes de septiembre como fecha límite para trasladar el informe a la Cámara --se hizo el día 30-- para su posterior debate.
Blanco Llamas ha vuelto a reconocer que, según las conclusiones del informe, habría sido conveniente haber cerrado todos estos centros antes del 13 de marzo, cuando se hizo, ya que el virus había entrado a las residencias a principios del mes de marzo. Dicho esto, ha defendido que Castilla y León fue una de las primeras comunidades en cerrar los centros, en concreto, un día después de Cataluña.
"Es fácil analizar los datos a 9 de octubre, hay que estar en el 12 y el 13 de marzo en la situación en la que estábamos todos --en referencia al Gobierno de la nación, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los propios centros--", ha justificado la consejera que ha evidenciado el "desconocimiento" que había entonces respecto al coronavirus y a sus efectos.
A modo de ejemplo, ha explicado que mientras que ahora se apuesta por abrir las ventanas para eliminar el virus la recomendación en marzo era "precisamente lo contrario" y consistía en permanecer dentro y no ventilar los espacios.
Blanco Llamas ha aprovechado su intervención en las Cortes para poner sobre la mesa el actual debate para conseguir un equilibrio entre la salud de las personas que residen en estos centros y el deterioro físico y cognitivo que pueden sufrir por falta de contacto con el exterior.
"Se ha trabajado muy duro, se han puesto en marcha muchas medidas que están funcionando", ha concluido la consejera quien se ha mostrado convencida de que habrá que adoptar más y de que habrá que seguir trabajando porque ya se está sufriendo la segunda ola en la que, según ha asegurado, la incidencia de la enfermedad en las residencias está siendo menor que en la primera, si bien se ha comprometido a trabajar para que "sea mínima".
La consejera se ha hecho eco en su intervención inicial de las reiteradas críticas de la oposición por falta de datos de los centros privados y ha sido tajante al garantizar que el "único objetivo" de su departamento ha sido "informar en tiempo real".
"La parte que no hemos contado ha sido porque no los podemos dar", ha aseverado la consejera que ha explicado que, aunque inicialmente se dieron los datos de todos los centros, se dejó hacer en cumplimiento de un informe de los Servicios Jurídicos de la Junta ratificado por la Abogacía del Estado y por el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 20-30 y con autorización de la Agencia de Protección de Datos
"Les aseguro que si una instancia superior me dice que facilite los datos no tengo ningún interés en no facilitarles", ha afirmado la consejera que a renglón seguido ha recordado a los grupos parlamentarios: "Los informes jurídicos nos guste o no nos guste están para cumplirlos".
