BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea tomará una decisión sobre si el túnel de Pajares respeta la normativa comunitaria ambiental antes de un año tras la denuncia que ha recibido hace unos meses de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y otras asociaciones vecinales sobre el proyecto.
"La Comisión hará lo posible por adoptar una decisión sobre el fondo en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, en los doce meses siguientes a la fecha de registro de la denuncia", ha informado el comisario de Medioambiente, Karmenu Vella, a la eurodiputada de Podemos Tania González.
La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y otras asociaciones vecinales denunciaron en mayo ante la Comisión que se omitieron los estudios hidrogeológicos del proyecto y que la destrucción de "numerosos acuíferos" en la perforación de los túneles está afectando al abastecimiento de varias localidades de la vertiente leonesa. Su denuncia fue registrada el pasado 3 de junio.
La variante de Pajares, en la línea León-Asturias, supone un tramo de unos 50 km, de los que más de la mitad corresponde a túneles.
El comisario ha explicado que la decisión del Ejecutivo comunitario "podrá suponer bien que se incoe un procedimiento de infracción, bien que se archive el expediente" y ello "dependerá de si presentan o no pruebas de la existencia de una infracción medioambiental".
La eurodiputada de Podemos también ha instado al Ejecutivo comunitario a aclarar qué medidas va a tomar a la luz de la "gravedad" del caso tras considerar que la ampliación de la red de alta velocidad ferroviaria (AVE) por parte del Gobierno español a través del túnel de Pajares supone "un cúmulo de despropósitos e irregularidades y requiere una investigación exhaustiva".
González ha alertado del "posible incumplimiento" de directivas europeas como la de hábitats, la que obliga a realizar una evaluación de impacto ambiental y la directiva marco sobre agua y ha denunciado además que entre la adjudicación de los contratos de las obras también han ido a parar "a empresas supuestamente implicadas en casos de financiación ilegal del Partido Popular", además de "un sobrecoste superior al 150 %" del proyecto.
