BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea notificará este jueves a España la apertura de un expediente sancionador por incumplir las nuevas normas para gallinas ponedoras, que desde el pasado 1 de enero obligan a adecuar las jaulas con nuevas exigencias para mejorar el bienestar de estos animales, según han informado fuentes comunitarias.
En torno a "un tercio" de la producción española "no cumple" con las normas europeas, según fuentes consultadas por Europa Press, que apuntan que con esta cifra España ocupará el segundo puesto de una lista de trece países incumplidores, sólo por delante de Italia.
En España hay 720 explotaciones y una población de 43,5 millones de gallinas ponedoras, según datos del Ministerio, que en diciembre estimó que cerca del 50 por ciento de las jaulas ya estaban acondicionadas.
La semana pasada, el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo que que España está "en la senda de cumplimiento" de la norma y pidió a Bruselas "cierta flexibilidad" para la adaptación del sector.
Entre los requisitos de las jaulas enriquecidas figuran la obligación de una mayor superficie, para que cada ejemplar tenga al menos 750 centímetros cuadrados, y de disponer de nidos y de dispositivos para el recorte de uñas.
El propio comisario de Salud, John Dalli, advirtió la semana pasada de acciones "inminentes" contra un grupo de Estados miembros por no estar al día con la legislación comunitaria, aunque no precisó de qué países se trataba.
Según datos de Bruselas, en diciembre aún había en la Unión Europea 51 millones de gallinas que no disponían de jaulas acondicionadas de acuerdo a las nuevas reglas, pese a que los gobiernos han tenido más de diez años para adaptarse a una directiva acordada en 2000.
Además de España, los expedientes sancionadores afectarán a Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía.
La apertura del expediente es el primer paso de un procedimiento de infracción, con el que se da un plazo máximo de dos meses para que el Estado miembro emprenda medidas correctoras. Si la respuesta no convence a Bruselas, ésta puede dar una segunda oportunidad al país con un nuevo plazo de dos meses y, si tampoco en esa fase se resuelve el dossier, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
