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Foto: EUROPA PRESS
VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Diálogo Social concretará este miércoles, día 7 de marzo, la Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015 acordada el pasado viernes en sus aspectos generales por los integrantes del Diálogo Social (Gobierno de Castilla y León, patronal y sindicatos) y que prevé, como principal actuación, la puesta en marcha de un programa específico de ayudas a expedientes de regulación de empleo (ERE) de carácter suspensivo.
Ese programa establecerá una serie de líneas de apoyo para los trabajadores, mediante el complemento de prestaciones, y para las empresas, para compensar el coste de esta situación, cuyo principal objetivo es evitar EREs extintivos.
Así lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tras la reunión del Consejo del Diálogo Social que acordó una Declaración Institucional rubricada por todas las partes que contempla una fórmula de participación de la autoridad laboral e industrial y de los agentes económicos y sociales para convertir "los efectos negativos del despido colectivo al menos en suspensiones" y siempre que haya acuerdo en el ámbito de la empresa.
"Con ello --argumentan los integrantes del Diálogo Social en esta Declaración Institucional-- se conseguirá la reducción del impacto negativo de éste --en referencia al despido colectivo-- en reducción del tiempo y en número de trabajadores afectados".
Herrera aclaró que se trata de un "nuevo procedimiento voluntario" para evitar los despidos colectivos y el incremento de los conflictos judiciales ante el nuevo escenario que se plantea tras la supresión de la autorización administrativa de los ERE incluida en la Reforma Laboral del Gobierno.
La Declaración Institucional, de diez folios, plantea además dos consideraciones que hará llegar la Junta al Gobierno de la nación ante el nuevo tratamiento por la Reforma Laboral de los supuestos de despido colectivo y que avalan el "papel eficaz" que ha tenido en Castilla y León la mediación de la administración laboral y la participación de los agentes económicos y sociales con acuerdos en un 94 por ciento de los expedientes planteados, "evitando la judicialización de las crisis y el alargamiento, incertidumbres y costes que llevarían aparejado y ha favorecido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo".
