VALLADOLID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, calificó de normal en la tramitación ordinaria la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Gobierno regional contra la Ley de Montes.
"Es un trámite ordinario y lo que importa es la resolución final", valoró la vicepresidenta y portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad interpuestas por la Junta de Castilla y León y la Comunidad de La Rioja contra la Ley de Montes al considerar que "invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas", según sendas providencias a las que tuvo acceso Europa Press.
Tras esta decisión, ambas demandas han sido trasladadas al Congreso de los Diputados, Senado y Gobierno para que en un plazo de quince días se formulen las alegaciones pertinentes.
En este sentido, Castilla y León y La Rioja se centraron en los artículos 50 y 54 bis de dicha normativa, que impide el cambio de uso forestal en aquellas superficies que sufrieron un incendios en un plazo de al menos 30 años, así como toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica.
Según ambas autonomías, estos apartados suponían "una invasión en sus competencias", unas exclusivas en lo referente a la ordenación del territorio, y otras compartidas, de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de patrimonio forestal.
Además, también consideraron que la prohibición del cambio de uso forestal por razón de incendios ya venía recogida de forma adecuada en la Ley de Montes estatal aprobada hace tres años, que indicaba que las Comunidades Autónomas determinarían los plazos para hacer efectiva esta prohibición.
Por otra parte, la ley aprobada el 28 de abril de 2006 también se refería a la normativa que regula la prohibición genérica a la circulación por pistas o caminos forestales, algo que consideraban que afectaba a las competencias autonómicas en materia de Caminos.
En relación con esto, ambas comunidades consideraron que los límites que se establecen podrían afectar al uso turístico de las pistas forestales, más aún cuando prácticamente la totalidad de los caminos forestales son gestionados por la Comunidad Autónoma.
