VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han reclamado al Gobierno que ponga en manos de las autonomías herramientas jurídicas que permitan acometer un confinamiento domiciliarios si crece el número de contagios por COVID-19 y se produce un incremento de la presión hospitalaria que puede llevarla a un colapso.
Ambos dirigentes autonómicos han informado de esta petición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde Casado ha asegurado que le pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de forma "clara y rotunda" la puesta en marcha de este instrumento para poder actuar a partir del 9 de noviembre, fecha en la que se acaba el actual Estado de Alarma.
Casado ha explicado que el actual Estado de Alarma no contempla el confinamiento domiciliario programado, algo que sería necesario "si la tendencia" siguiera siendo mala. "Pedimos herramientas para que, si fuera el caso, utilizarlo", ha exigido la consejera, quien ha recordado las medidas adoptadas en Alemania con una incidencia media acumulada de 156,2 casos por 100.000 habitantes y Francia con 659,9 casos.
En concreto, tanto Casado como Igea han insistido en que no se trata de una decisión que ya se haya tomado en Castilla y León sino que ha sido una recomendación apuntada por el Comité de Expertos de la Comunidad, por lo que es necesario contar con esta herramienta para atajar el número de contagios si se mantiene la tendencia actual y la presión hospitalaria aumenta.
De este modo, el vicepresidente de la Junta ha señalado que actualmente Castilla y León, junto con La Rioja, Aragón, Cataluña y Navarra se colocan en situación de riesgo extremo con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
De este modo, Igea ha apuntado al confinamiento domiciliario programado como la última medida ante una situación en la que, la cifra de contagios y la presión hospitalaria provocara que "no hay otra manera de contraer la incidencia".
