BURGOS, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Burgos, Vicente Orden, anunció la próxima firma de un nuevo convenio con ayuntamientos destinado a mejorar las infraestructuras de redes de abastecimiento y la adopción de otro tipo de medidas para evitar la "picaresca".
El año pasado precisaron suministro de agua potable mediante camiones cisterna cerca de 60 poblaciones y estas necesidades superaron en un 25 por ciento a las de 2004, cuestión que Orden Vigara achacó también a la sequía.
Sin embargo, reconoció que algunos ayuntamientos no están solicitando subvenciones para la realización de obras de construcción de las infraestructuras necesarias, porque "a lo mejor" si se lleva el agua "es más cómodo".
También señaló el incremento poblacional que se produce sobre todo en el periodo estival en algunas localidades como Medina de Pomar, con cerca de 42.000 habitantes en verano.
"El problema es que mucha gente está utilizando el agua de boca para las piscinas o para el ganado. En los pueblos la picaresca no tiene límites. El que más y el que menos que va allí tiene piscina y tira de agua", declaró, y anunció que la Diputación comenzará a cobrar los suministros para evitar este tipo de situaciones.
Vicente Orden estimó que el número de cisternas precisas para este año serán "mínimas" e incidió en que los solicitantes "tendrán que pagar el agua". Avanzó también que a lo largo de 2006 la Diputación intentará llegar a convenios que sean rentables para los ayuntamientos que lo precisen y que se dedicará a obras de rápida ejecución en esta materia.
Por lo demás, expresó su satisfacción por la cantidad de pueblos que requirieron estos servicios, cerca de 60, en comparación con años anteriores, a pesar de que las necesidades de suministro se cifraron en algo más de 1,5 millones de litros en 2005 con respecto al año pasado.
El presidente de la Diputación, que acudió hoy a una reunión informativa sobre funcionamiento administrativo a los ayuntamientos de la provincia, adelantó además que esta Institución prestará asesoramiento a los ayuntamientos del alfoz de Burgos que quieran recurrir las normas que prevé aprobar la Junta de Castilla y León y que limitarían a 5.000 el número de viviendas a construir en las localidades.
