El pleno acuerda con los únicos votos del PP suspender la aplicación del acuerdo para aumentar la plantilla provincial de Bomberos
VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación de Valladolid celebrado este viernes ha acordado por unanimidad reclamar a la Junta de Castilla y León que abone a las entidades locales las subvenciones destinadas a la creación de empleo dentro de los Nuevos Yacimientos de Empleo correspondientes al ejercicios 2011.
En concreto, la proposición presentada por el Grupo Provincial Socialista pide al Ejecutivo autonómico que "deje sin efecto" la Resolución del 9 de febrero de 2012 por la que se anulaba la convocatoria de dichas subvenciones, así como que se mantenga esta última, aprobada por el Servicio Público de la Comunidad por valor de cinco millones de euros.
En su intervención, el portavoz socialista, Juan José Zancada, ha recordado que muchos ayuntamientos "ya habían iniciado las contrataciones en previsión de recibir esos fondos" que "estaban aprobados", por lo que ha tildado la medida de "chapuza".
Asimismo, Zancada ha criticado la "tardanza" de la Junta en convocar las subvenciones en 2011, mientras que en 2012 "no solo no la ha convocado, sino que ha anulado la de 2011", algo que, a su juicio, ha hecho "sin diálogo".
La proposición ha contado con el apoyo del resto de grupos, aunque el Popular ha negado que la actuación de la Junta suponga un incumplimiento "del compromiso de crear empleo" y ha subrayado que la anulación de estas subvenciones supone "pasar de un empleo temporal a otro más largo y cualificado", según ha afirmado el diputado Celiano Vielba.
En este sentido, también ha recordado que los municipios "ya tuvieron que devolver dinero, pero al Gobierno de España, por culpa de unas previsiones de ingresos utópicas", en relación a la devolución de las entregas realizadas por el anterior ejecutivo correspondiente al ejercicio 2008-2009.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU), Salvador Arpa, se ha preguntado "en qué va a gastar" la Administración regional el dinero del Fondo Social Europeo previsto para la cofinanciación del plan y ha acusado al PP de "echar balones fuera" al criticar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
APOYO A ACOR
También por unanimidad se ha aprobado en la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo la moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Ministerio de Hacienda y al resto de administraciones públicas que atienda las sugerencias de la cooperativa agropecuaria ACOR para hacer frente al pago de 34,6 millones de euros ordenado por el Tribunal Supremo en relación a la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 1992 y 1996.
En ella, la Institución provincial también ha mostrado su "total apoyo" a la dirección de la compañía, así como a sus 7.000 cooperativistas y a su cerca de medio millar de empleados.
El vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno, ha defendido la moción como "garantía de los puestos de trabajos" de una cooperativa "ejemplar", así como de los retornos que reciben los socios y que "sirve de complemento fundamental a su actividad económica", al tiempo que ha asegurado que "no hay ninguna duda de que ACOR vaya a pagar lo que debe", pero "se pide a Hacienda que busque fórmulas que garanticen su futuro".
Por su parte, Arpa ha mostrado su apoyo a la "actual" directiva de la compañía, aunque "no así a la que entre 1992 y 1996 no hizo algo bien", a lo que Centeno ha respondido que "la sentencia en ningún momento habla de un error contable", sino que se debe "al dejar de ser una cooperativa de especial protección".
Centeno también ha advertido a la diputada socialista María Blanco que su apoyo a la proposición supone "un reconocimiento a la nefasta negociación de la OMC del azúcar" por parte del anterior Ejecutivo socialista, mientras que Blanco ha mostrado su "preocupación" por las consecuencias del fallo del Tribunal Supremo, si bien ha reafirmado su "respeto" a este Órgano.
Por otro lado, los votos en contra del PP han echado atrás una proposición de IU en la que se pide la retirada del Real Decreto-Ley aprobado para facilitar el pago a proveedores de los ayuntamientos y el establecimiento de un nuevo modelo de Financiación Local, así como una moción socialista en la que se pedía el mantenimiento de la cabaña ovina de la Diputación, cuya enajenación ha sido aprobada en la Junta de Gobierno celebrada este viernes.
BOMBEROS
También con el apoyo en solitario del Grupo Popular se ha aprobado la suspensión de la aplicación del acuerdo alcanzado en 2008 en el que se preveía el aumento de plantilla del Servicio de Extinción de Incencios, Salvamento y Protección Civil.
La suspensión de la disposición transitoria por la que se modificaba el reglamento de este Servicio suponía la convocatoria de 15 nuevas vacantes de conductor-bombero para mantener la cifra de tres efectivos en cada turno, algo que actualmente se cubre con horas extraordinarias, cuyo número pasó de 342 en enero de 2011 a 987 en el mismo mes de este año, según los datos aportados por el diputado 'popular' Agapito Hernández.
Hernández ha achacado la suspensión de esta disposición a la "grave situación económica", mientras que Salvador Arpa ha lamentado que "se mida en términos económicos la seguridad ciudadana" y Juan José Zancada ha acusado al Equipo de Gobierno de "imprevisión" y de "romper unilateralmente el acuerdo", ante lo que el diputado del PP ha acusado a ambos portavoces de "practicar la demagogia".
La sesión ha contado con la presencia de cuatro bomberos ataviados con camisetas en las que se podía leer, entre otros lemas, 'Más Bomberos en la provincia'. Precisamente, en su turno de intervención el portavoz de IU ha leído un comunicado de este colectivo en el que se rechaza "frontalmente la modificación del reglamento", se recuerda la "ruptura unilateral del acuerdo" por parte de la Diputación y que esta acutación "va en contra de la seguridad de ciudadanos y trabajadores y de la calidad del servicio", por lo que han pedido "volver al pacto" alcanzado con el anterior presidente, Ramiro Ruiz Medrano.
No obstante, fuentes de la Diputación han facilitado a Europa Press el acta de la Mesa General de Negociación de la Institución correspondiente al 28 de octubre de 2011 en la que se acuerda "la suspensión de la convocatoria para cubrir 15 plaza de conductor-bombero" con "carácter transitorio" y que cuenta con la firma de los sindicatos CSI-F, Comisiones Obreras, UGT, USAE y Satse.
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