VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Comercio y Consumo de Castilla y León ha resuelto entre enero y junio más de 1.000 reclamaciones centradas sobre todo en materia de energía, referidas a las facturas de gas o luz y que afectan a colectivos vulnerables, mientras que en el mismo periodo se han presentado más de 2.900 solicitudes de arbitraje ante la Junta Arbitral.
La Junta Arbitral de Consumo, entidad dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, forma parte del Sistema Arbitral de Consumo nacional y desarrolla sus competencias en todo el territorio de la Comunidad en el marco de los convenios vigentes firmados en 2021, tanto con la Administración del Estado, como con los ayuntamientos de todas las capitales de provincia excepto Palencia.
Esta Junta Arbitral, cuya actividad se inició en 1994 y que desde 2018 está acreditada ante la Unión Europea para la resolución de litigios en línea, en los que pueden intervenir empresas y/o consumidores de cualquier país integrante de la UE, viene experimentando desde 2020 --año de inicio de la pandemia-- un alza sustancial de su actividad, si bien durante el año 2023 --a fecha de 31 de julio-- el aumento respecto de años anteriores es del 43 por ciento.
Este incremento está provocado por la presentación masiva de reclamaciones de consumidores castellanos y leoneses referidas, fundamentalmente, a las facturas de gas, pero también de luz --que representan el 59 por ciento del total de reclamaciones admitidas hasta la fecha--, habiendo desplazado en importancia numérica a las tradicionales reclamaciones sobre telefonía, hasta ahora mayoritarias, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.
"DESCONTENTO" DE LOS CONSUMIDORES
Estas cifras, ha señalado la Junta, ponen de manifiesto el "descontento" de los consumidores con la evolución experimentada por el sector energético, que está afectando de forma singular a determinados colectivos de mayor vulnerabilidad.
Es el caso, por ejemplo, de las personas mayores, que tienen mayores dificultades para la comprensión y adaptación a los cambios normativos que han afectado al sector de la energía en España, y a quienes se traslada los nuevos modelos de contratos y tipos de facturación por parte de las empresas suministradoras.
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