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Respaldados por Cecale, acusan a la Junta de "soberbia" por no rectificar pese a vaticinar los "perjuicios irreversibles" causados
VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los colectivos de estaciones de servicio y de vendedores al por menor de carburantes y combustibles han cifrado hoy en más de 600 millones de euros el "agujero" dejado en la Comunidad por la ilegal aplicación del 'céntimo sanitario' y han acusado a la Junta, especialmente al presidente, Juan Vicente Herrera, y a la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, de causar con su actitud "soberbia" y su "falta de diálogo" perjuicios "irreparables e irreversibles".
La cifra global sería la resultante de sumar los más de 300 millones que la administración, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, debería devolver a los contribuyentes de Castilla y León--transportistas y ciudadanos en general--por el tramo estatal de 2,4 céntimos aplicado en 2010, 2011 y 2012 y el autonómico correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y 31 de diciembre de 2012, junto con los 200 y 120 millones que la Junta dejó de ingresar en 2012 y 2013, respectivamente, por la caída de las ventas de combustible.
En este sentido, responsables de la Asociación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Avecal) y de la Federación Regional de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes), respaldados por el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, han reclamado a la administración la ejecución inmediata de la sentencia, al igual de lo ocurrido con la relativa a la 'doctrina Parot', y consideran que para optar a la devolución de las cantidades abonadas injustamente debería bastar un simple certificado bancario del repostaje realizado.
El fallo del TJUE ha sido acogido con sabor agridulce por los colectivos afectados, a los que, según el presidente de Cecale, se han ocasionado "perjuicios irreversibles" en forma de "pérdida de competitividad y empleo, deslocalización de empresas, cierre de gasolineras, empresas de transporte y centros hosteleros, así como por la apertura de rutas alternativas que difícilmente volverán a Castilla y León", en referencia a aquellos itinerarios abiertos por los transportistas para repostar en comunidades limítrofes donde no se aplica el 'céntimo sanitario'.
'MISTER CÉNTIMO SANITARIO'
Aparicio, conocido en la Junta como 'mister céntimo sanitario', como así ha asegurado él mismo, recuerda que Cecale ya advirtió de la ilegalidad de dicha tasa desde su implantación en la Comunidad, el 1 de marzo de 2012, y, sin embargo, ha criticado con dureza la "falta de diálogo y soberbia" mostradas por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera Pilar del Olmo, al hacer "oídos sordos" a las justas reivindicaciones del sector afectado y a quien ha tenido que dar la razón finalmente el TJUE.
"Pensábamos que iban a rectificar porque hacerlo es de sabios, pero no se ha producido", ha censurado Aparicio, quien ha confesado su "enorme decepción" ante la nula atención de la Junta pese a que sus dirigentes eran plenamente conscientes del efecto negativo que esta tasa iba a tener en el colectivo empresarial y en el conjunto de la sociedad.
En la misma línea, responsables de Avecal y Fereclaes han aportado cifras de los perjuicios generados a ambos colectivos y que se centran en los 627 millones de litros menos vendidos (-23%) desde la implantación de la tasa, el 1 de marzo de 2012, y los 730 millones menos (-26%) en 2013, litros que, según ambas asociaciones, habrían ido a parar a comunidades donde carecen de 'céntimo sanitario' como La Rioja, País Vasco, Aragón y Navarra o donde se ha rebajado, como Cantabria.
EL MISMO PERRO Y DISTINTO COLLAR
Avecal y Fereclaes han expresado su estupor ante el hecho de que pese a esta situación la Junta siga hoy haciendo oídos sordos y mantenga hoy el 'céntimo sanitario', aunque desde enero de 2013 como impuesto especial sobre hidrocarburos.
"Han cambiado el collar al perro pero éste sigue mordiendo, y de qué manera", ha denunciado el vicepresidente y portavoz de Avecal, Rafael Pizarro, quien lamenta que la sentencia del TJUE supone un varapalo y un desprestigio irreparable para el conjunto del pueblo español pues la misma reconoce la "mala fe" del Estado al aplicar una tasa que vulnera la legislación comunitaria.
Por tal motivo, el presidente de Cecale ha brindado el apoyo de la organización a todas aquellas asociaciones de transportistas de Castilla y León que pretendan iniciar acciones para reclamar las cantidades abonadas de forma injusta. Aunque en Soria los profesionales del sector ya han anunciado su intención de reclamar, Santiago Aparicio entiende que idéntico camino seguirá el resto de asociaciones territoriales a las que se promete igual cobertura.
