VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España ha movilizado un total de 6.666,3 millones de euros desde marzo en Castilla y León para paliar los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia, según los últimos datos disponibles, de los cuáles, 2.585,8 millones son ayudas directas.
Así lo ha destacado este lunes el máximo representante del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, quien, acompañado por el subdelegado, Emilio Álvarez Villazán, no ha dudado al afirmar que las medidas de la Administración central constituyen un "esfuerzo desconocido en la historia moderna del país en cuanto a coste económico para reforzar la sanidad pública, a través de la inyección de recursos, y esa movilización está permitiendo que el impacto económico y social sea menor que en crisis anteriores".
Izquierdo se refería así a esos más de 6.666 millones de euros, resultante de la suma de prestaciones del SEPE, incluidos desempleo y ERTE (932,8 millones), prestaciones a autónomos (195,6 millones), cantidades transferidas en concepto de Fondo de Alimentos (1,8 millones), Fondo Social Extraordinario (17,7 millones), fondos FEDER (209,5 millones), los 385 millones correspondientes al modelo de financiación y los distintos tramos del Fondo COVID, mediante el que han llegado a la Comunidad Autónoma un total de 843,4 millones de euros, a disposición de la Junta de Castilla y León, que, además, no deben reembolsarse.
El político socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha aprovechado para confrontar ese esfuerzo en movilización de recursos, "que permitirá salir de la crisis en mejores condiciones, con el modelo aplicado por el gobierno del PP para la anterior crisis, a partir de "austeridad, recortes y una reforma laboral que lo único que hizo fue reducir los derechos de los trabajadores y aumentar el paro".
Las cifras disponibles a fecha 30 de noviembre, que recogen datos actualizados en los meses de septiembre y octubre, incrementan sustancialmente las cantidades destinadas a los trabajadores y ciudadanos castellanos y leoneses del anterior balance.
Así, en septiembre, último mes cerrado en cuanto a prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un total de 91.516 trabajadores castellanos y leoneses percibió algún tipo de prestación (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 92,9 millones de euros.
De ellos, 40.920 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que supone un total de 20,5 millones de euros.
Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 932,8 millones de euros (de los cuales, 396,6 corresponden a ERTE), 557,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
TRASCENDENCIA DE LOS ERTE
Es precisamente en materia de ERTE donde Izquierdo ha hecho capítulo aparte, ya que, como así ha enfatizado, "más allá del importe destinado a este fin, ello ha servido para mantener empleo, renta de los trabajadores y tejido empresarial en la medida en que no ha habido despidos, y esto está mantenido buena parte del tejido productivo", al tiempo que ha incidido en que de esta forma el 88 por ciento de los trabajadores afectados por uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo desde el inicio de la pandemia se ha reincorporado ya al mercado laboral.
Y es que de los 145.505 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 16.952 trabajadores en ERTE a 31 de octubre. Estos datos no incluyen la nueva figura de ERTE del RDL 30/2020 de 30 de septiembre de 2020.
Por otro lado, desde el inicio de la crisis, 84.617 autónomos han recibido algún tipo de prestación. De ellas, 75.505 corresponden a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Desde esta fecha hasta el 31 de octubre, 9.112 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad (incluyendo los autónomos de temporada).
DERECHOS SOCIALES
Con respecto a los derechos sociales, a Castilla y León le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (5,9% del total) para minimizar el impacto social de la pandemia. La Comunidad ha dispuesto de 1,8 millones de becas comedor que han dado cobertura a 8.000 familias.
Se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.
A todo ello, habría que añadir los 4.080,5 millones de euros en préstamos ICO. A este respecto, a 15 de noviembre, en Castilla y León se han aprobado 44.141 operaciones, que afectan a 28.688 empresas, por un importe avalado de 3.162,2 millones de euros (3,9% del total) y una financiación total de 4.080,5 millones.
Por otro lado, la Comunidad podrá destinar a gasto sanitario 209,5 millones de euros de Fondos FEDER (3,7% del total nacional).
Y por último, Castilla y León ha recibido un total de 843,4 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 544,8 millones (el 6,1% de los 9.000 del primer y segundo tramo -gasto sanitario-), 84 millones (el 4,2% de los 2.000 del tercer tramo -gasto educación-) y 214,6 millones (el 4,3% de los 5.000 del cuarto tramo -compensación de ingresos por caída de actividad-).
Todas estas cifras permiten a Izquierdo afirmar categórico que "todo ello es la prueba fehaciente de que el Gobierno de España no sólo no se ha echado a un lado, como algunos sugieren, sino que sigue sosteniendo en lo posible el empleo y los derechos sociales con cantidades históricas para Castilla y León, y respondiendo desde el inicio de la pandemia a las necesidades que ha provocado la crisis de la COVID entre la ciudadanía y las empresas de esta tierra".
CIFRAS EN VALLADOLID
En Valladolid, 19.344 asalariados y 17.692 autónomos recibieron algún tipo de prestación social en el último mes. El 90,3% de los trabajadores en un ERTE desde el inicio de la pandemia se han incorporado al mercado laboral, al tiempo que hay 19.344 trabajadores protegidos en septiembre, con un gasto de 21,9 millones de euros en prestaciones sociales y un total de 17.692 autónomos ha recibido algún tipo de prestación de la Seguridad Social.
En Valladolid, el 90,3% de los trabajadores afectados por un ERTE desde el inicio de la pandemia se han incorporado al mercado laboral.
De los 42.961 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 4.153 trabajadores en ERTE a 31 de octubre.
Además, en septiembre, un total de 19.344 trabajadores vallisoletanos percibió algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 21,9 millones de euros. De ellos, 11.627 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 5,9 millones de euros.
Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 227,4 millones de euros (de los cuales, 109,5 corresponden a ERTE), 148,8 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Con respecto al colectivo de autónomos, desde el inicio de la crisis, 17.692 autónomos han recibido algún tipo de prestación. De ellas, 15.740 corresponden a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Así mismo, desde esta fecha hasta el 31 de octubre, 1.952 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad (incluyendo los autónomos de temporada).
Finalmente, a fecha 15 de noviembre, en Valladolid se han aprobado 9.565 operaciones, que afectan a 6.005 empresas, por un importe avalado de 723,3 millones de euros (0,9% del total) y una financiación total de 941,6 millones.
