Los ejemplares estaban expuestos para su venta en la pescadería de un supermercado de una conocida cadena de alimentación
BURGOS, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha denunciado a una conocida cadena de alimentación ubicada en Burgos al detectar, en cuatro pescaderías repartidas en otros tantos de sus supermercados, la exposición para la venta al público de un total de 39,500 kilogramos de cangrejo rojo (Procambarus clarkii) los cuales estaban vivos, acción ésta prohibida por la normativa en Castilla y León.
El Seprona de la Guardia Civil de Burgos tuvo conocimiento, días atrás, de la exposición y venta al público de cangrejos vivos de la especie conocida como cangrejo rojo o cangrejo de las marismas, acción comprobada visualmente por los agentes, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Tres cajas fueron intervenidas y también cuatro bolsas que acababan de ser comercializadas a un cliente. A la vez, personal del Seprona se puso en contacto con la empresa para que retiraran de las pescaderías todos los cangrejos vivos que estuvieran dispuestos para su venta.
En total han sido intervenidos 39,500 kilogramos de esta mercancía que han sido entregados en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes de la ciudad, para su destrucción.
Se ha levantado acta denuncia dirigido al organismo competente que es el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tipifica como infracción la posesión, transporte, tráfico o comercio de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, careciendo de la correspondiente autorización administrativa, así como la importación o introducción por primera vez en el territorio nacional, o la primera liberación al medio, de una especie susceptible de competir con las especies autóctonas.
El incumplimiento de esta normativa, en los casos de infracción administrativa, puede suponer sanciones económicas por importe superior a los 3.000 euros siempre que se demuestre que los beneficios obtenidos por su venta ilegal no superan los 100.000 euros; en caso contrario la sanción podría ser mucho más elevada.
